"Mi hermano murió el 10 de enero de 2008 cuando trabajaba en Espiel (Córdoba). Los juicios se eternizan, los abogados no nos dan esperanza, no hay manera de inculpar a un empresario. La moral merma", cuenta, con el sosiego de la tristeza, David Castro. En fechas recientes, un grupo de familiares de muertos en el trabajo, entre los que estaba Castro, arrancaron el compromiso del Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo, de reclamar a la Administración psicólogos para encarar la situación posterior al siniestro.

"Es un infierno en mi casa. Nadie nos explica", afirma Ana Zapata, que quedó viuda después de que un torito una máquina para transportar palés arrollara a su marido: "Las víctimas son las olvidadas. Se convierten en la primera noticia del día. Y después se olvidan". Luego, el hondo agujero de la habitación vacía. "En muchas ocasiones, además del dolor, les quedan situaciones económicas precarias y muy poca reivindicación de justicia", asegura Javier Albarreal, representante de la Hermandad Obrera de Acción Católica, promotora del encuentro con Chamizo.

El Defensor también acordó con los familiares dirigirse a la fiscalía especializada en siniestros laborales, que se puso en funcionamiento en 2005, para estudiar fórmulas que permitan agilizar los juicios. La labor de los fiscales ha permitido desempolvar los artículos 316 y 317 del Código Penal, que establecen sanciones de hasta tres años de cárcel aun cuando no se produzca el accidente.

Es un delito de riesgo: basta con que se ponga en peligro la vida del trabajador. Sin embargo, hay aún pocas sentencias.

"Nadie va a ir a la cárcel"

"Me lo han dicho muy claro. Nadie va a ir a la cárcel", dice con dificultad, desolada, María García, madre de un joven que se despeñó desde decenas de metros de altura en la presa de la Breña II (Córdoba). "Sólo podría ir el último mono, y yo no quiero. Es un padre de familia. Ellos tienen todo en regla, firmado, tanto la empresa grande como la chica. Pero mi hijo se subió sin red y sin línea de vida", asegura María. "Es una prevención de escaparate", apostilla.

En muchos casos, según fuentes de la fiscalía, se producen tras el accidente "toques a los testigos, a menudo compañeros del trabajador muerto. Existen casos de presentación de documentos dudosos en las diligencias judiciales e, incluso, condenas por coacciones del empleador a los obreros tras el accidente. "Pido que los juicios sean rápidos. El testigo, cuando pasan cuatro o cinco días, se cansa. No encuentro nada que acredite que allí no había nada [medidas de protección]. Deben sacar hasta la última gota de declaraciones", exige María.

"Los empresarios no tienen miedo ninguno. Si hay multa, la pagan. No están concienciados de que pueden ir a la cárcel", remacha David Castro.