Las farmacias se rebelan contra los impagos de Cospedal

La inmensa mayoría de las farmacias de Toledo, Guadalajara, Cuenca y Ciudad Real echaron ayer el cierre para protestar contra los impagos del Gobierno regional, presidido por María Dolores de Cospedal (PP), que les debe 125 millones de euros en concepto de facturas desde el pasado mes de mayo. Los farmacéuticos castellano-manchegos, que con el anterior ejecutivo, encabezado por José María Barreda (PSOE), cobraban puntualmente cada día 20 el dinero correspondiente al mes anterior, han visto cómo, tras la llegada al poder del PP en las elecciones autonómicas del pasado 22 mayo, dejaron de cobrar. De hecho, tras el último pago correspondiente a abril, efectuado el 20 de mayo por el Ejecutivo de Barreda, los boticarios sólo han cobrado a finales de julio 23,8 millones la mitad de la factura de mayo, por lo que se les adeudan 125 millones correspondientes a las facturas de la otra mitad de ese mes, junio y julio. Cada mes que pase sin acuerdo, la deuda crecerá en otros 50 millones.

La protesta fue seguida por el 83% de las farmacias de las cuatro provincias citadas, ya que los boticarios de Albacete decidieron no sumarse a la convocatoria, según datos del Consejo de Farmacéuticos de Castilla-La Mancha. Así, de las 1.031 farmacias que hay en Castilla-La Mancha sin contar con las 245 de Albacete y las 221 que estuvieron de guardia, sólo abrieron unos 90 establecimientos, según datos de los colegios de farmacéuticos. El cierre fue secundado por el 95% de las boticas en Ciudad Real, el 80% en Cuenca, el 75% en Guadalajara y el 70% en Toledo.

La Junta critica que los boticarios estén acostumbrados a cobrar "al contado"

Por otro lado, el sector, tradicionalmente conservador, está sorprendido por el hecho de que el viceconsejero de Sanidad, Ramón Gálvez, les echara en cara ayer que están acostumbrados "prácticamente a cobrar al contado" y que, no contento con eso, les amenazara con multas de entre 3.000 y 15.000 eurossi cerraban por los impagos.

Y es que, para el Gobierno de Cospedal, la protesta es "una tormenta de verano" producto de que el sector ha respondido "de manera inadecuada" ante lo que sólo es "una pequeña crisis de liquidez". El viceconsejero aseguró que la Junta lleva trabajando "todo el tiempo" para solucionar el actual "inconveniente económico" y aseguró que 200 boticas ha encontrado ya una solución a un interés "muy favorable" a través del crédito de entidades financieras, informa Europa Press. Asimismo, según fuentes del sector, los impagos de la Junta esconden su intención de hacer que los farmacéuticos acepten cobrar más tarde para "desahogar la tesorería".

El Ministerio insiste en que pagar las deudas "es una cuestión prioritaria"

En este sentido, el portavoz de Sanidad del PSOE en las Cortes regionales, Fernando Mora, pidió al Ejecutivo de Cospedal que negocie ya un calendario de pagos y criticó al consejero del ramo, José Ignacio Echániz, por "estar de vacaciones" y dejar "en manos de recién llegados" la crisis. Mora recuerda que en la anterior legislatura "la primera prioridad era pagar las nóminas y la segunda pagar las facturas a las farmacias".

Echániz apareció finalmente en una rueda de prensa por la tarde para considerar el cierre "un profundo error" y un acto "inútil", porque su departamento "no tiene dinero" para pagar. Tras culpar de la situación al Gobierno de Barreda, Echániz aconsejó a los farmacéuticos que se sumen a la solución de las entidades financieras, que pasa por el anticipo mensual de la factura con la propia garantía de las recetas, "una solución imaginativa y muy razonable".

Desde el Gobierno central, el secretario general de Sanidad, José Martínez Olmos, se mostró convencido de que al final habrá acuerdo e indicó que pagar la deuda "es una cuestión prioritaria, y más en el caso de un servicio esencial como la prestación farmacéutica".

Martínez Olmos recordó que el Gobierno ya aprobó el año pasado dos reales decretos que permitieron ahorrar 4.500 millones en sanidad y que el día 19 dará luz verde a otro paquete de medidas para reducir en 2.400 millones la factura farmacéutica mediante el fomento de la prescripción por principio activo. La clave es que todos estos fondos, que se liberan para "ayudar a las autonomías a que tengan un menor coste", se queden en la sanidad. "Estos ahorros deben servir para pagar a los proveedores y reforzar la sanidad", dijo.