Este artículo se publicó hace 12 años.
Fernández Díaz subraya ante Amaiur que su plan para ETA es "aplicar la ley"
El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ha asegurado hoy en el Congreso -en presencia del diputado de Amaiur Iker Urbina, con el que ha tenido un enfrentamiento dialéctico- que la única "hoja de ruta" del Gobierno ante el fin de ETA es "aplicar la ley" con "prudencia" y "amplitud de miras".
"Estamos dispuestos a andar este camino con amplitud de miras y con sentido de Estado", ha dicho Fernández Díaz en su comparecencia en la Comisión de Interior de la Cámara baja, en la que ha insistido que tratará de actuar con "inteligencia y prudencia" antes de dar cualquier paso porque "han sido muchas las veces en que los violentos han engañado a los demócratas".
El titular de Interior ha anunciado que su departamento impulsará "una política de reinserción de forma individualizada" para los presos de ETA que quieran abandonar la violencia en los términos establecidos por la ley penitenciaria que, entre otros requisitos, exige la petición de perdón a las víctimas.
"Será una política inteligente que aproveche las oportunidades que la nueva situación ofrece y que acabe con la manipulación que sufren los presos y sus familias", ha añadido Fernández Díaz, que ha señalado que el 95 por ciento de los reclusos etarras aun siguen las directrices de la banda terrorista.
El ministro ha animado a los presos a dar "los pasos que otros han dado" -en referencia a la treintena de etarras que se han acogido a la llamada "vía Nanclares"- para beneficiarse de "la generosidad que la ley contempla".
Todos los grupos parlamentarios han expresado su apoyo a Fernández Díaz en la tarea que tiene por delante salvo Amaiur, que ha considerado que el plan expuesto por el ministro es "más de lo mismo" y le ha instado a, entre otras medidas, poner fin a la dispersión de los reclusos etarras, a los que se ha referido como "presos políticos".
"Hablar de presos políticos en España es una indecencia y una inmoralidad", le ha respondido Fernández Díaz, que ha retado al diputado abertzale a aprovechar su presencia hoy en el Congreso para condenar a ETA y pedir su disolución, a lo que Urbina ha replicado asegurando que la apuesta de Amaiur por las vías exclusivamente políticas es "inequívoca".
Sobre la exigencia de Urbina de que se recoja "la verdad de todas las partes (...) huyendo del escenario de vencedores y vencidos", Fernández Díaz ha dicho que "va a haber vencedores, que son los demócratas y los hombres de paz, y va a haber vencidos, que son los terroristas".
El ministro, que ha confiado en que "atravesaremos el túnel y veremos la luz en su plenitud", ha anunciado que dará prioridad a la tramitación del reglamento de desarrollo de la Ley de Víctimas del Terrorismo y una "importante reducción" del número de escoltas al estimar que "está muy por encima de lo razonable" pese a la pervivencia "latente" de la amenaza de ETA.
Por otra parte, el titular de Interior ha avanzado que se elaborará un reglamento de funcionamiento de los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIES) para adaptarlo a las recomendaciones del Defensor del Pueblo y que la Policía se limitará a desarrollar labores de seguridad, mientras que el resto de las tareas estará a cargo de "personal especializado".
"Es una obviedad que los inmigrantes no son delincuentes. Son personas como nosotros, dotadas de los mismos derechos y de la misma dignidad", ha señalado el titular de Interior, que ha insistido en que el infringir normas de carácter administrativo "no les convierte en delincuentes".
Otro de los anuncios hechos hoy por Fernández Díaz es el de que la Policía incluirá en las fichas de todos los detenidos por delitos sexuales su huella genética, "con plena cobertura legal".
También ha dicho que una comisión bilateral de los Ministerios de Interior y de Justicia reformará la legislación actual para luchar contra la multirreincidencia, especialmente cuando se trate de delitos comunes como hurtos, robos con fuerza o robos de vehículos.
Entre las medidas que se abordarán está la reforma de la ley procesal para establecer medidas cautelares inmediatas en los supuestos de comisión de más de dos delitos de la misma especie, incluida la prisión provisional, y la creación de un registro central de faltas.
Por último, ha apostado por revisar el régimen de cumplimiento de condenas en régimen de semilibertad en los llamados Centros de Inserción Social, en los que ha dicho que hay elementos "claramente suntuarios", como piscinas cubiertas o televisiones en las celdas, que no responden al objetivo de reinserción del penado.
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