El fiscal apunta a un delito de insolvencia

La Fiscalía Anticorrupción necesita más tiempo para investigar los pagarés emitidos por la familia Ruiz-Mateos en nombre de alguna de las 160 empresas que conforman Nueva Rumasa. En este momento, con la investigación en un estado incipiente, pese a llevar abierta prácticamente un año, se dirige a averiguar si, con las emisiones de deuda, se pudieron cometer delitos de insolvencia punible o apropiación indebida.

La estafa, por las características de este delito, parece más complicada de concretar. Las fuentes jurídicas consultadas por Público señalaron que este ilícito requiere la utilización de "engaño bastante para producir error en otro" y de esta forma hacerse con su dinero o sus bienes.

En el caso de los pagarés de Nueva Rumasa, el que se ofreciera un interés de entre el 8% y el 12%, mucho más elevado que lo ofertado por las entidades bancarias, sumado a las advertencias de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) cada vez que se producía una emisión, complica el determinar que se engañó a los inversores.

Dichas fuentes incidieron en que un interés tan alto sólo podía indicar que la inversión entrañaba riesgo y, sobre todo, que el entramado de empresas no podía acudir a los bancos para conseguir liquidez, porque ninguno le daba crédito con facilidad.

De ahí que la investigación, centrada en los pagarés desde el pasado mes de octubre y encaminada a determinar el destino del dinero recibido, apunte a la apropiación indebida y la insolvencia punible. Este último delito castiga al que "se alce con sus bienes en perjuicio de sus acreedores".

Pero para poder depurar las prácticas de Nueva Rumasa y concretar su acusación, Anticorrupción ha pedido una prórroga a la Fiscalía General del Estado. Con ella podrá continuar con sus diligencias de investigación durante seis meses más. Deberá interrumpirla en cuanto un juzgado admita una denuncia por estos hechos o él mismo la formule ante un juez.

Los fiscales Alejandro Luzón y Juan Pavía han podido localizar a unos 900 inversores, que destinaban un mínimo de 50.000 euros a la adquisición de los pagarés. La cantidad máxima invertida era libre y entre los justificantes de la deuda se ha encontrado alguno que alcanza el millón y medio y hasta los tres millones de euros.

La familia Ruiz-Mateos emitió pagarés hasta en cuatro ocasiones a lo largo de 2009. En abril de 2010, el Gobierno dictó un decreto dirigido a impedir más emisiones, al exigir a Nueva Rumasa que los comercializara un intermediario financiero, lo que evitaba que escaparan a la supervisión de la CNMV.