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Fiscal cierra la posibilidad de enjuiciar al primer ministro de Portugal por escuchas

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El Fiscal General de la República, Fernando Pinto Monteiro, ha cerrado la posibilidad de un juicio al jefe del Ejecutivo portugués, José Sócrates, al decidir anoche el archivo de varias escuchas telefónicas del primer ministro, según informó en un comunicado.

Pinto Monteiro aclaró en la nota que "no existen elementos que justifiquen la instauración de un proceso judicial" contra Sócrates.

Desde el pasado 13 de noviembre, el primer ministro luso pidió a a la Fiscalía que se pronunciara sobre la "legalidad" de que la Policía haya grabado sus conversaciones personales con un banquero sospechoso en un caso de corrupción.

"Esto podría estar sobrepasando todos los límites", declaró Sócrates a los periodistas al pedir al Procurador (fiscal) General de la República que aclare si es legal grabar y transcribir durante meses las conversaciones privadas del primer ministro.

La legislación lusa prohíbe que el jefe de Gobierno y otras altas autoridades sean objeto de escuchas sin autorización del Tribunal Supremo, aunque en la investigación conocida como "Face Oculta" (cara oculta) la Policía grabó las conversaciones de Sócrates con uno de los 15 sospechosos formales de ese escándalo de corrupción.

Según Sócrates, las grabaciones en cuestión son de conversaciones personales con su "amigo" Armando Vara, ex ministro socialista que dimitió este mes, a raíz de su implicación en el escándalo, como vicepresidente del mayor banco privado de Portugal, el BCP.

La prensa lusa destaca hoy el asunto y "Diario de Noticias" señala que Pinto Monteiro archivó las escuchas "sin escuchar al presidente del Supremo Tribunal de Justicia".

Ya anteriormente el Supremo había mandado "destruir" algunas de estas grabaciones que llegaron a esa instancia, pero cinco fueron a parar a las manos del Fiscal General, quien se demoró varias semanas en dar su veredicto sobre el tema.

En la investigación sobre "Face Oculta" han salido a la luz nombres de directivos de empresas públicas y privadas que podrían estar implicados, así como las conversaciones entre Sócrates y Vara cuyo contenido no ha sido revelado por la Policía.

La justicia ha interrogado ya a varios directivos de empresas y ordenó la prisión preventiva contra el empresario Manuel José Godinho, sospechoso de organizar una red de tráfico de influencias y sobornos para adjudicar concursos en la gestión de residuos industriales.

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