El fiscal justifica la pena de ocho años contra Giménez-Reyna por no "tomar medidas"

La Fiscalía Anticorrupción justificó hoy la petición de ocho años de cárcel por apropiación indebida contra la ex presidenta de Gescartera Pilar Giménez Reyna, al no "tomar medidas" como miembro del consejo de administración de la sociedad, pese a conocer los problemas con el dinero de los clientes.

En su informe final de acusación, el fiscal Vicente González Mota reconoció "dificultades" a la hora de calificar jurídicamente la acción de Giménez Reyna en la apropiación indebida por más de 50,22 millones de euros, según los datos del Banco de España, pues -dijo- "no se ha enriquecido de los fondos de los clientes de Gescartera".

Sin embargo, según el fiscal, las pruebas mostradas en las treintena de sesiones celebradas en el juicio oral "motivan a creer" que Giménez Reyna conocía, a partir de los apuntes en su agenda, los problemas de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) con Gescartera para conocer el paradero del dinero de los clientes.

"Además, no tenemos constancia alguna de que Gimenez Reyna solicitase información sobre el alcance de las decisiones" del Consejo de Administración que presidía, pese a ser Antonio Camacho el dueño de Gescartera y a que sabía que "faltaban 4.000 millones de pesetas de los clientes".

A juicio del fiscal, "un directivo debe tomar medidas, está en su responsabilidad" y, en el momento en que conoce esta situación y no el día de la intervención, "tenía que haber cogido de la chaqueta a alguien que le justificara dónde estaban los fondos de los clientes".

En su informe, el fiscal dividió a los doce imputados entre una línea superior formada por Camacho, el número dos de la entidad, José María Ruiz de la Serna, y el responsable de Administración y Gestión de Patrimonios (AGP), Anibal Sardón, que, además de apropiarse del dinero, cometieron -en su opinión- un delito de falsedad documental.

Tras estos tres acusados, para quienes pide once años de cárcel, en un segundo escalón estarían tanto Giménez Reyna, como el jefe de Mantenimiento Miguel Angel Vicente, quien dio apariencia informática a las inversiones en renta fija, y el apoderado Javier Sierra de la Flor, que sacó más de siete millones de euros en cheques, para quienes el Ministerio Público ha solicitado ocho años de cárcel.

En un tercer estadio estarían, según el fiscal, los asesores tributarios Agustín Fernández Ameneiro y Julio Rodríguez Gil, además de Inmaculada Baltar, para quienes González Mota pidió seis años de prisión, al participar con su acción en la apropiación indebida.

En último lugar, se situarían, por complicidad, tanto el empresario Carlos Ortín Barrón, como los empleados de La Caixa, Alfonso Castro Mayoral y Carlos Prats, para quienes solicitó tres años de cárcel, al colaborar con sus acciones en la estafa y el encubrimiento de las cuentas a la CNMV.