De 1997 a 2004, Juan Antonio Roca atendió gastos y efectuó adquisiciones por más de 200 millones de euros. Palacios, fincas, hoteles, obras de arte, antigüedades, joyas, yates e incluso un avión y un helicóptero engordaron su patrimonio. Y todo con unos ingresos familiares de 50.000 euros al año. Así lo detalla el escrito de calificación del fiscal anticorrupción del caso Malaya, Juan Carlos López Caballero, que atribuye este desfase a un expolio continuado por parte del ex asesor urbanístico, para el que pide 30 años de prisión y 810,78 millones de multa.

La posición de Roca en el ayuntamiento llegó a ser, según el fiscal, de "dominio absoluto" sobre los ediles, obtenido con un "soborno generalizado". Roca, según el fiscal, diseñó un "urbanismo a la carta" para un grupo de empresarios a los que daba mayores aprovechamientos urbanísticos a cambio de dinero.

Sólo entre 2001 y 2006, año en que fue detenido, los pagos recibidos ascendieron a 33,3 millones. José Ávila Rojas, uno de los promotores más destacados de Granada, soltó 5 millones; Fidel San Román, 4 millones; Tomás Olivo, 2,4 millones; Rafael Gómez, uno de los principales joyeros y constructores de Córdoba, 600.000 euros, siempre según el escrito de Anticorrupción.

Todos integran la lista de 95 personas que serán procesadas en el juicio, cuyo inicio está previsto para el 27 de septiembre de este año en la Audiencia Provincial. El descubrimiento de la red corrupta marbellí supuso por primera vez la disolución de un consistorio en España.

Según el fiscal, Roca hacía favores urbanísticos a cambio de dinero. Luego se quedaba con la mayor parte de lo que cobraba. A lo largo de diez años, blanqueó 240 millones de euros, según el fiscal. Y también repartía entre los ediles. De estos, la ex alcaldesa Marisol Yagüe se enfrenta a una pena de 20 años y a una multa de 4 millones. El fiscal pide para su antecesor en el cargo, Julián Muñoz desalojado en 2003 por una moción de censura pergeñada por Roca, 10 años, y 12 para la ex concejal socialista Isabel García Marcos.

Yagüe, García Marcos y el andalucista Carlos Fernández, que sigue fugado de la justicia, se convirtieron a raíz de la moción de censura de 2003 en los favoritos de Roca por haber apoyado la operación para desalojar a Julián Muñoz, menos manejable.

En cuanto a los empresarios, Ávila Rojas se enfrenta a 10 años de cárcel y 55 millones en multas; Fidel San Román, a 9 años y 48 millones; y Rafael Gómez, a 18 meses y 1,2 millones. La imputación más habitual entre los 95 encausados es la de blanqueo de capitales.