El fiscal pide 6 años para quince acusados de recabar información para ETA

El fiscal pedirá seis años de cárcel por un delito de pertenencia a banda terrorista para quince presuntos etarras que serán juzgados el próximo jueves en la Audiencia Nacional por captar miembros para ETA y recabar información sobre militares, policías y políticos que podían ser objetivo de atentados.

Según relata la Fiscalía en sus conclusiones provisionales, uno de los procesados, Juan Carlos Subijana Izquierdo, alias "Txampi" y "Kepa", formó un "comando de información" al servicio de ETA, junto con los también acusados Jose Ramón Acedo Espita y Zigor Bravo Saéz de Urabain, que se encargaba de facilitar datos a la organización terrorista para la posterior ejecución de atentados.

Subijana, miembro de ETA desde 1997, captó también para ETA a varias personas, entre ellas los procesados Susana Achaerando, Joseba Gorosarri y Unai Romano.

Además recibía información de otro de los acusados -Enrique Celestino Uriarte- que se encontraba preso en la cárcel de Nanclares de Oca, desde la que enviaba información sobre funcionarios de dicho centro con el fin de facilitar la comisión de atentados contra ellos.

Otros dos de los quince procesados, Joseba Gorosarri y Juan Antonio Cortés -quien ya había pertenecido al "comando Basurde" de ETA y había recibido cursos sobre manejo de armas y explosivos en Francia- formaron otro grupo de información para facilitar a la organización la preparación de atentados.

Entre los acusados también está Susana Achaerandio, compañera sentimental de Juan Antonio Cortés, a quien ocultó en su domicilio tras conocer su pertenencia a ETA, ocultando y destruyendo material que demostraba su integración en la banda.

Por último, los procesados Jon Echeverría Oyarbide, Unai Romano Igartua, Daniel Gutiérrez Pérez, Raúl Vallinas Aduna, Aitor Durán Ruiz de Eguino, Sendoa Domínguez Moreno, Iván Saéz de Jaúregui y Jokin Cerain Alvarado, participaron en numerosos actos de violencia callejera por los que se siguen otros procedimientos.

El fiscal mantiene que este grupo mantuvo contactos con la dirección de ETA en Francia a la que proporcionó información sobre militares, policías nacionales y concejales del PSOE contra los que podría atentar.

En el domicilio de Saéz de Jaúregui se encontraron informaciones manuscritas sobre vehículos y políticos del País Vasco que podían ser objetivos de ETA, mientras que Cerain Alvarado informó a Raúl Vallinas sobre un despacho de abogados cuyo titular era militante del PP.