El Fiscal pide hasta 6 años de cárcel a tres ex presidentes de FGC por malversación

El fiscal pide en sus conclusiones provisionales penas de 6 años de prisión para los ex presidentes de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) Enric Roig y Antoni Herce, y de 4 años y 10 meses para el también ex presidente y ex conseller Albert Vilalta, a los que acusa de un delito continuado de malversación.

El fiscal acusa asimismo a los ex presidentes de FGC, que ocuparon sus cargos entre 1991 y 2000, durante los gobiernos de CiU, del delito de prevaricación, por el que solicita su inhabilitación para cargo público por un tiempo de 9 años, y demanda igualmente que restituyan a la empresa, de forma conjunta y solidaria, la cantidad de 2.757.341 euros, más de 458 millones de las antiguas pesetas.

Según indica el fiscal en su escrito de acusación, los tres acusados "valiéndose y abusando de los cargos" decidieron "aumentar injustificada e ilegalmente las retribuciones dinerarias" que percibían ellos y otros 13 directivos "a cuenta de la explotación de la empresa y, en definitiva, a costa de los fondos públicos que esta gestionaba".

Para ello contrataron un fondo con una aseguradora que tenía "la forma y apariencia de un fondo complementario de las pensiones de la Seguridad Social" con la finalidad de "intentar ocultar la verdadera naturaleza del fondo, que no era otra que la retribución dineraria por su condición de trabajadores de FGC".

El fiscal estima que esta intencionalidad queda confirmada con las cláusulas pactadas para el fondo y por la propia liquidación del mismo en el año 2000, cuando todos los directivos, a excepción de Vilalta, "percibieron de forma ilegal e improcedente cantidades millonarias en detrimento del patrimonio y la cuenta deficitaria de FGC".

El fiscal indica que el plan para la percepción ilegal de retribuciones se gestó entre finales de 1990 y principios de 1991, siendo Albert Vilalta presidente de FGC; Enric Roig, director de la empresa, y Antoni Herce, director financiero. Estos dos últimos ejercieron asimismo como presidentes entre los años 1993 y 2000.

Pese a que el fiscal especifica que Albert Vilalta no cobró cantidad irregular alguna, asevera que "participó en la ideación de los hechos" y en la suscripción del contrato con la aseguradora "Winterthur", sabedor "de su improcedencia e ilegalidad", por lo que le imputa los mismos delitos que Roig y Herce, con una leve rebaja en las penas por la presunta malversación de caudales públicos.

Por este delito reclama también el fiscal, además de las penas de cárcel, 18 años de inhabilitación absoluta para Roig y Herce, y 15 años de inhabilitación absoluta para Vilalta.

Según el fiscal, Enric Roig cobró un total de 178 millones de las antiguas pesetas en el año 1999 al causar baja en la empresa, mientras Antoni Herce percibió 46 millones de pesetas en el momento de la liquidación del fondo, el 27 de julio de 2000.

Pese a que el Juzgado de Instrucción número 22 de Barcelona archivó la causa contra 13 directivos de FGC contra quienes el fiscal también se había querellado inicialmente, el ministerio público demanda en su escrito que éstos restituyan a FGC los 1.873.780 euros que cobraron conjuntamente, con cantidades individuales que oscilan entre los 457.124 y los 18.863 euros.

El escrito de acusación asegura que la constitución del fondo y la percepción de las mencionadas cantidades "supusieron una flagrante vulneración de las normas presupuestarias y acuerdos gubernativos existentes a lo largo de esos años sobre retribuciones de los trabajadores de las empresas públicas".