El fiscal pide a la policía que investigue el origen del dinero de la mujer del etarra que compró una cristalería

La Fiscalía ha pedido a la Policía que investigue el origen del dinero con el que la mujer del etarra Kandido Azpiazu compró el pasado 6 de julio por 46.438 euros la mitad del negocio familiar de cristalería que fue subastado después de que la Audiencia Nacional embargara esa parte de la empresa al terrorista para hacer frente a las indemnizaciones a las que ha sido condenado.

La otra mitad del negocio cristalero -ubicado bajo el domicilio en Azkoitia (Guipúzcoa) en el que reside Pilar Elías, viuda de una de las víctimas de Azpiazu, Ramón Baglieto- ya era propiedad de la mujer del etarra con lo que con esta operación la pareja logró recuperar la totalidad del mismo.

Ahora la Fiscalía, según informaron fuentes del Ministerio Público, trata de averiguar la procedencia del dinero con el que la mujer de Azpiazu, Milagros Altuna, pagó la parte embargada para determinar si era de ella o bien de su marido, lo que invalidaría la operación de compra, dado que la Audiencia Nacional se encarga de estudiar su patrimonio y embargar los bienes que sean de su propiedad con el objeto de hacer frente a las indemnizaciones a las que ha sido condenado.

El juzgado número 1 de Azpeitia (Guipúzcoa) fue el encargado de celebrar la subasta, mientras que es a la sección primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional a la que corresponde controlar el proceso y verificar que el dinero recaudado en la subasta se deposite en una determinada cuenta bancaria.

Azpiazu es uno de los dos condenados por el asesinato en 1980 del militante de la UCD Ramón Baglietto -el otro es José Ignacio Zuazolazigorraga- y en 2005 abrió la cristalería en un local situado bajo el domicilio de la viuda, lo que desencadenó un debate político sobre la necesidad de aplicar medidas de alejamiento en las condenas por terrorismo.

La cantidad obtenida por la venta de la mitad de la cristalería es para el Estado, ya que adelantó la indemnización que recibieron Elías y sus hijos en aplicación de la Ley de Solidaridad con las víctimas del terrorismo.