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Fiscal ve prescrito asesinato de 1985 y descarta pedir la entrega de Cubillas

EFE

La Fiscalía de la Audiencia Nacional considera que la causa por el asesinato en 1985 de Ángel Manuel Facal, en la que está procesado el etarra deportado a Venezuela Arturo Cubillas, ha prescrito, por lo que debe archivarse y no se puede reclamar la extradición del terrorista a Venezuela.

Así lo ha informado el fiscal Carlos Bautista en el escrito que ha dirigido al juez Pablo Ruz, que el pasado viernes reabrió la causa y preguntó al Ministerio Público si procede o no iniciar los trámites para solicitar su entrega o si, por el contrario, acuerda el archivo de la causa al estimar que el delito ya ha prescrito.

Y esta es la opción que plantea el fiscal al magistrado, ya que entiende que desde que Cubillas, residente en Venezuela, fuera procesado por esta causa el 12 de noviembre de 1985 y declarado en rebeldía el 31 de marzo de 1986, no se ha producido ninguna "actuación procesal sustancial" necesaria para interrumpir la prescripción del delito.

Así, el fiscal sostiene que, "habiendo transcurrido por exceso el plazo de prescripción de 20 años", fijado por la ley, no procede proponer la extradición de Cubillas a Venezuela, así como acordar su busca y captura ni dictar nuevas órdenes de detención internacional por esta causa.

Para el fiscal, lo que procede es dictar el auto de conclusión de sumario para que el tribunal competente acuerde el archivo de la causa.

Por la muerte de Facal fueron procesados el 12 de noviembre de 1985 por delitos de asesinato terrorista y robo de vehículos a motor José Ángel Aguirre, Ramón Zapirain Telletxea -condenados a 31 años de cárcel por estos hechos-, Idoia López Riaño, "La Tigresa", y Cubillas, contra quien se dictó una orden de busca y captura.

No obstante, el 20 de enero de 1992 la Fiscalía consideró que no existían "elementos suficientes" para pedir la extradición de Cubillas en el caso de que fuera detenido, por lo que reclamó que se dejara sin efecto la orden de detención cursada a Interpol, algo que la sala acordó en una providencia dos días después.

Según Bautista, este "episodio revela la inequívoca voluntad del entonces representante del Ministerio Público -departamento dirigido entonces por Eduardo Fungairiño- de no dirigir ni reabrir el procedimiento, sino incluso, retirar las órdenes de detención vigentes".

El 13 de marzo de ese año, la sección segunda de la sala de lo penal preguntó a la Fiscalía si procedía archivar provisional o definitivamente la causa respecto a Cubillas, a lo que el Ministerio Público contestó diciendo que se pospusiera ese trámite al momento procesal oportuno, por lo que la sala acordó, el 7 de abril, el archivo provisional.

Por ello, y a la vista de que pudieran "existir nuevos elementos" que puedan llevar a la Fiscalía a solicitar la extradición de Cubillas por esta causa o reactivar la orden de detención, Ruz reclamó al Ministerio Público que le informe sobre la procedencia de pedir la extradición del etarra o archivar el caso.

Pese a que la causa se reabrió en mayo de 2001, después de que "La Tigresa" fuera entregada por Francia, el fiscal subraya que este trámite "no es sino un instrumento de imputación y de dirección del procedimiento frente a Idoia López Riaño -condenada a 27 años por estos hechos-, sin reaperturarse la causa frente a Cubillas".

Cubillas tiene abierta otra causa en la Audiencia Nacional por la que el Gobierno ya ha solicitado su extradición a Venezuela: la que instruye el magistrado Eloy Velasco y en la que se investiga la supuesta alianza entre ETA y las FARC colombianas.

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