La Fiscalía aprecia indicios de corrupción policial en Córdoba

El caso Torreblanca, sazonado con todos los ingredientes de una mala trama de detectives, ha extendido la sombra de la sospecha sobre la Policía Local de Córdoba. La Fiscalía comunicó ayer que estima que la actuación de varios de sus miembros "puede ser constitutiva de delito".

El caso, un escándalo derivado de la construcción, por parte de cinco agentes, de viviendas en terreno no edificable que ellos mismos tenían que proteger, ya valió la dimisión del jefe policial, Antonio Serrano. Y ahora puede acabar con varios de sus antiguos subordinados en el banquillo respondiendo a acusaciones de falsedad en documento público.

El caso arranca cuando, en 1997, cinco agentes se compran un terreno en Torreblanca, una urbanización considerada terreno "urbanizable no proyectado". Es decir, en la misma no se podía construir entonces y tampoco ahora. Los agentes parcelaron el terreno y edificaron. En todas estas actuaciones, el fiscal jefe de Córdoba, José Antonio Martín Caro, no aprecia delito alguno.

Las responsabilidades por estos hechos, que son en realidad los más llamativos (policías de la Unidad Medioambiental que se dedican a violar el espacio por cuya integridad deben velar), serán dirimidas por la vía administrativa.

Alteración de denuncias

Donde sí puede haber responsabilidad penal y corrupción policial es en la alteración de las denuncias presentadas por estas actuaciones. Existe, según la Fiscalía, "una presunta falsificación de la firma de un particular en un acta de infracción urbanística", a la que se suma la desaparición de otra acta.

También hay, siempre según el fiscal, una supuesta "alteración de un registro oficial para dar por tramitados en una fecha en que realmente no lo fueron dos expedientes de infracción". El fiscal se molesta en puntualizar que "no hay indicio alguno que indique que se trate de
prácticas generalizadas".