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La Fiscalía británica aclara la ley sobre el suicidio asistido

Los que ayuden a suicidarse a un familiar en el extranjero no serán juzgados

DANIEL DEL PINO

Debbie Purdy, una mujer británica de 46 años con esclerósis múltiple, planteó el pasado mes de junio una pregunta muy directa a la Cámara de los Lores. Quería saber si, en caso de que su enfermedad se agravase y decidiera acudir a una clínica suiza para que le aplicasen un suicidio asistido, su marido sería perseguido por la Justicia británica por acompañarla.

El caso de Purdy movilizó a la opinión pública del Reino Unido y reabrió el debate sobre la eutanasia. Pero también removió el sentido común de los Lores, que comprobaron cómo los ciudadanos no tienen ningún tipo de información fiable sobre este tema.

Un mes después de que Purdy llevase su petición a la Cámara, los Lores votaban en contra de legalizar el suicidio asistido en el país, pero decidieron que el marido de la afectada no sería juzgado por su hipotética muerte. Ante la falta de información, que quedó patente al analizar su caso, la Cámara de los Lores encargó a la Fiscalía una guía legal sobre el asunto.

Ayer, Keir Starmer, el fiscal responsable de la revisión, presentó las líneas básicas del texto. "Mi trabajo es luchar porque las personas más vulnerables estén protegidas y tengan acceso a una información concisa", aseveró.

Ningún familiar que ayude a un enfermo a suicidarse tendrá que enfrentarse a la Justicia, siempre que la persona que decida quitarse la vida presente "un informe claro y preciso" sobre su situación, aclaró Starmer.

Esto incluye demostrar que no hay un interés económico en la muerte del enfermo y que la persona que solicita el suicidio asistido no ha sido presionada. La Fiscalía prestará especial atención en los casos de menores.

La aclaración de la ley tampoco la modifica. El suicidio asistido está prohibido en el Reino Unido y se castiga con 14 años de cárcel. Los enfermos terminales viajan a la clínica Dignitas en Zurich (Suiza) para recibir la muerte digna que sus autoridades les niegan. El dominical The Observer reveló la primavera pasada que hay 800 británicos en las listas de espera y 29 de ellos ya se han decidido a dar el paso. Desde 2002, 117 británicos han recibido el suicidio asistido en Zúrich.

La asociación Dignity in Dying (Morir con Dignidad) calificó ayer el texto como "un paso adelante" para la legalización del suicidio asistido. Para Purdy, ahora "la gente sabrá los pasos que debe tomar antes de ayudar a una persona a morir, lo que puede ayudar a los enfermos a no tomar una decisión hasta que sea inevitable".