Este artículo se publicó hace 15 años.
La Fiscalía prevé recurrir al Supremo la absolución de César Alierta
La Fiscalía Anticorrupción prevé recurrir ante el Tribunal Supremo la decisión de la Audiencia Provincial de Madrid de absolver al presidente de Telefónica, César Alierta, por haber prescrito el delito de uso de información privilegiada que cometió en la compra de acciones de Tabacalera en 1997.
"La idea es recurrir (la sentencia) al Tribunal Supremo. La jurisprudencia es sólida y avala que no está prescrito", afirmó el fiscal del caso Tabacalera, Alejandro Luzón, según informó EFE-Dow Jones.
No obstante, Luzón precisó que la decisión final corresponde a la Fiscalía General del Estado, que podría aprobar la presentación del recurso de casación antes del miércoles, de forma que el anuncio al Supremo se realizaría el jueves o el mismo viernes, cuando vence el plazo.
La Audiencia Provincial de Madrid consideró que el delito de uso de información privilegiada había prescrito por haber transcurrido más de cinco años desde que se consumó la conducta ilícita (cuando se vendieron las acciones, en febrero de 1998) hasta que el juez de instrucción decidió en junio de 2003 admitir a trámite la querella interpuesta por una asociación de consumidores en noviembre de 2002.
Los magistrados de la Sección 17 de la Audiencia Provincial de Madrid se decantaron por la teoría del Tribunal Constitucional de atender a la admisión a trámite como momento crucial, en vez de la fecha de interposición de la querella, como viene sosteniendo el Tribunal Supremo.
Los magistrados también rechazaron aplicar el plazo de prescripción de 10 años del subtipo agravado del delito de uso de información privilegiada, contrariamente a lo que defendía la Fiscalía Anticorrupción teniendo en cuenta la jurisprudencia del Supremo.
Ese subtipo agravado se aplica, por ejemplo, en los casos en los que la conducta haya afectado a los intereses generales, como argumentaba el Ministerio Fiscal, que consideraba que la conducta de Alierta y de su sobrino quebró la confianza de los ciudadanos en el mercado y la igualdad de oportunidades de los inversores.
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