Fitch degrada a 'bono basura' la valoración de la deuda griega

La agencia de calificación de riesgos Fitch ha rebajado de nuevo su valoración de la deuda griega a largo plazo hasta situarla en el nivel B+, desde el anterior BB+, plenamente instalada ya en la categoría de bono basura, además de situarla bajo vigilancia negativa.

Mediante un comunicado, Fitch justificó su decisión en "los desafíos que afronta Grecia en la aplicación de reformas fiscales y estructurales radicales, necesarias para asegurar la solvencia del Estado". Ha informado además de que la deuda a corto plazo se mantiene en la categoría B.

La agencia ha indicado que la caída de su valoración de la deuda griega tiene que ver con que "el riesgo político ha aumentado, dado que nuevas medidas de austeridad fiscal son necesarias para lograr el objetivo presupuestario de un déficit del 7,5 por ciento del BIP en 2011".

Además, Fitch se ha referido a los ambiciosos planes de privatización anunciados por el Gobierno griego para obtener fondos con los que hacer frente a su crisis de endeudamiento. Unos planes que podrían sufrir retrasos, dice Fitch, debido a los obstáculos técnicos y políticos que tendrán que superar.

En cualquier caso, Fitch muestra su confianza en la disposición de Grecia a hacer frente a sus deudas y "continua creyendo que el Gobierno griego sigue comprometido con su programa (de ahorro) y en satisfacer las obligaciones de su deuda soberana".

En ese sentido, la agencia ha indicado que la nueva calificación B+ incluye la expectativa de que tanto la Unión Europea como el Fondo Monetario Internacional (FMI) aportarán más dinero a Grecia y que sus bonos no serán sometidos a una "reestructuración blanda", es decir a un mero aplazamiento del pago a intereses más bajos. Eso sí, la agencia advierte de que una extensión del plazo de vencimiento de los bonos en el mercado sería considerada como una "situación de insolvencia".

Fitch, al igual que las agencias de calificación crediticia Moody's y Standard & Poor's, están siendo investigadas en España por la Audiencia Nacional por presunto conflicto de intereses y por el perjuicio que sus calificaciones han causado al erario público y los ahorradores. Además el eurogrupo está estudiando "reglamentar mejor" al oligopolio de la medición de riesgos.