El Frente Moro de Liberación Islámica (FMLI) condicionó hoy el cese de la violencia en el sur de Filipinas, que en nueve días ha causado cerca de cien muertos y el desplazamiento de más 200.000 personas, a la firma del acuerdo establecido con el Gobierno en julio.

El jefe del equipo negociador de esta organización musulmana separatista, Mohagher Iqbal, indicó a la cadena de televisión ANC que los enfrentamientos "no continuarán, por lo que corresponde al FMLI, si se firma el memorando".

"Pero si no se rubrica, si la firma se demora, no puedo ofrecer garantías (del cese de las hostilidades)", manifestó Iqbal, quien aseguró que su grupo desaprueba la violencia que protagonizan elementos del FMLI en las provincias de Cotabato del Norte, Lanao del Norte y Sarangani.

El documento que el FMLI quiere sellar es el memorándum de entendimiento sobre las "tierras ancestrales" del Bangsamoro (pueblo musulmán), el último capítulo de las negociaciones de paz y que versa sobre el territorio que gobernarán.

El Tribunal Supremo de Filipinas suspendió hace dos semanas la firma del acuerdo para verificar la legalidad del texto.

El Ejército aumentó hoy el despliegue de tropas en la región del sur de Filipinas para reforzar la seguridad y perseguir a los rebeldes musulmanes que la víspera mataron a 31 civiles y saquearon e incendiaron las casas y comercios de dos localidades cuyos habitantes son de mayoría cristiana en Lanao del Norte.

"Hemos liberado las localidades. Ahora está en marcha la operación de persecución, que no detendremos hasta que consigamos capturarles", afirmó el teniente general Cardoso Luna, tras anunciar a los periodistas el envío de más tropas a la zona.

A raíz de las hostilidades en Lanao del Norte, cerca de 44.000 personas que abandonaron sus hogares han sido acogidas en centros públicos de las ciudades de Ozamiz y Iligan, según el recuento realizado por la Comisión Nacional de Desastres.

Esta ola de violencia arrancó el fin de semana y sigue a los intensos enfrentamientos librados la semana pasada en Cotabato del Norte, donde el FMLI ocupó 13 pueblos.

Los choques causaron casi medio centenar de muertos y más de 165.000 personas sin hogar en esa provincia, de donde salió el recurso ante el Supremo que forzó la suspensión de la firma del memorando de entendimiento entre el Gobierno y los rebeldes.

Según ambas partes, el documento iba a allanar el camino para lograr un acuerdo de paz que pondría fin a décadas de guerra en una de las zonas más pobres del país.