La formación del personal dedicado a la Dependencia no arranca

Uno de los principales problemas para desarrollar la Ley de Dependencia es que falta personal cualificado.

Para paliar este problema, el Gobierno aprobó el pasado julio un Real Decreto que establece que las personas que llevan años atendiendo a dependientes sin un título oficial pueden obtener un certificado que deje constancia de sus aptitudes.

A partir de ahí, podrán acceder a cursos para obtener un título reglado.

El acuerdo alcanzado por Gobierno y comunidades autónomas hace un año exige que el 35% del personal de las residencias tenga la titulación adecuada en 2011.

Sin embargo, los propietarios de los centros denuncian que necesitarían más tiempo para lograr ese objetivo. La Federación de Empresarios de la Dependencia (FED) calcula que para llegar a esta cuota aún se debe formar a 42.000 trabajadores.

Falta de tiempo y dinero

Para obtener la titulación de gerocultor es necesario seguir un curso de 450 horas; para conseguir el de ayuda a domicilio, otro de 600 horas.

Ahora, el presidente de la FED, Alberto Echevarría, propone que se rebaje el número de horas necesarias para estos cursos hasta 300. "Si no, no llegamos, ni por tiempo ni por dinero", se queja.

Su petición no es compartida por el secretario general de Política Social, Francisco Moza, quien defiende que "se debe hacer el esfuerzo necesario para cumplir las ratios obligatorias". "El sistema de Dependencia es y debe ser de calidad", insiste.

En la misma línea, la secretaria de Política Social de CCOO, Rosana Costa, asegura que la acumulación de trabajo "no es excusa para ceder al interés de la patronal, que desea rebajar la exigencia en la formación" y rechaza la reducción de horas por curso.

"Estamos en la fase de diseño y elaboración de los materiales que se utilizarán"

A pesar de que el Ministerio de Educación admite que el proceso avanza al ralentí, se muestra optimista. "Estamos en la fase de diseño y elaboración de los materiales que se utilizarán para los procesos de formación de evaluadores y asesores", explica el director general de Formación Profesional (FP), Miguel Soler.

El procedimiento aún no se ha abierto, pero "las peticiones de información son constantes", añade.

Definir qué flecos quedan pendientes de resolver para que el sistema empiece a funcionar llevará su tiempo, coinciden empresarios y sindicatos. Para empezar, las consejerías de Trabajo e Inmigración aún deben adaptar el Real Decreto a sus normas autonómicas.

"El sistema está en una fase de desarrollo muy inicial, sólo alguna comunidad ha hecho algún avance. Además, no se ha definido cómo se hará la acreditación ni cuánto costarán las tasas de los cursos", señala Fernando Puig, secretario de Formación para el Empleo de CCOO.

Puig reconoce que hay que acelerar la formación, para que las empresas cumplan las ratio de personal titulado. "Hasta 2010 no veo posible que el proceso funcione, y lo hará con un número limitado de personas", agrega.

Marcha "lenta e irregular"

La secretaria de Igualdad de UGT, Almudena Fontecha, también considera que la puesta en marcha es "lenta e irregular". Pero confía en que dará tiempo a formar al personal suficiente. "Por eso las ratio ya son bastante relajadas", asegura.

Hasta 2015 no se exigirá que el 100% de los trabajadores tenga título. Unos y otros coinciden en que, como ha sucedido con la misma Ley de Dependencia, las expectativas de obtener títulos acreditando experiencia superan a la realidad.

Rosa Jaramillo es una de las personas a las que le gustaría conseguir un título. Tras 12 años trabajando en asistencia a domicilio, ha pedido el certificado de profesionalidad al Gobierno de Aragón, que ha empezado a aplicar el plan como prueba piloto.

"Mi marido está en paro y debo trabajar al máximo para llegar a fin de mes"

Pero no podrá hacer los cursos para lograr el título de FP. "Mi marido está en paro y debo trabajar al máximo para llegar a fin de mes", explica. Esta ecuatoriana, de 52 años, empezó a cuidar ancianos por cuenta propia en 1997. Desde 2004 trabaja para la Fundación Rey Ardid, que gestiona servicios de atención a la dependencia.

Para completar los cursos rápidamente, se necesitarían unas cuatro horas de estudio diarias. Y muchas trabajadoras carecen de ese tiempo libre. "No van a dejar de trabajar para hacer el curso", asegura Eduardo Andrés, de Rey Ardid. No obstante, defiende la iniciativa del Gobierno: "Crear un sistema como el de la dependencia desde cero no es fácil", asegura.

Por otra parte, el presidente de la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, José Manuel Ramírez, destaca que no se están creando las plazas de centros y servicios previstas porque el 51% de las ayudas se está dando para cuidados en el entorno familiar.

Un plan que requiere enseñar a miles de funcionarios

¿En qué consiste el reconocimiento de la experiencia?
El Gobierno aprobó el pasado mes de julio un Real Decreto que permite que las personas que han trabajado cuidando a personas dependientes y quienes hayan hecho algún curso no oficial puedan obtener un certificado de profesionalidad. Este documento no tiene validez académica, pero sí acredita que su titular posee ciertos conocimientos y habilidades. Una vez obtenido este documento, se podrá optar a estudiar determinados módulos de Formación Profesional que completen la preparación y permitan obtener un título de gerontólogo o de auxiliar de ayuda a domicilio. El Gobierno ha puesto en marcha otro plan distinto, que consiste en ofrecer información práctica –sin validez académica– a las cuidadoras informales.

¿Quién se podrá beneficiar?
Es necesario tener la nacionalidad española y ser mayor de edad. Se deberá justificar que se ha trabajado durante al menos tres años, con un mínimo de 2.000 horas en el último decenio antes de que se realice la convocatoria. Para quienes quieran que se reconozca su formación por los cursos no oficiales que han estudiado, deberán justificar haber realizado al menos 300 horas de cursos en los últimos diez años. Los mayores de 25 años que no cumplan los requisitos de experiencia laboral o no puedan justificar como es debido su experiencia o formación no oficial podrán preinscribirse. Un grupo de asesores estudiará caso por caso y emitirá un informe que determinará si el solicitante puede acogerse al proceso.

¿Qué proceso se deberá seguir?
El proceso, una vez el ciudadano presenta su solicitud, consta de tres fases. La primera es el asesoramiento, en que se ayudará al aspirante a autoevaluar su experiencia, completar su historial personal y a presentar los documentos que lo justifiquen. La segunda fase es la evaluación, que tiene como objeto “comprobar si demuestra la competencia profesional requerida”. Finalmente, a los candidatos que superen el proceso de evaluación se les expedirá una acreditación de sus competencias. Después, se orientará a los solicitantes sobre las posibilidades de formación para obtener un título de FP.

¿Qué se necesita para que el plan comience a funcionar?
Las comunidades autónomas aún deben desarrollar en sus normativas el Real Decreto estatal. Falta por determinar y formar a aquellos que asesorarán, evaluarán y acreditarán a los beneficiarios del plan. Los Ministerios de Educación y Trabajo, que coordinan el plan, calculan que se deberá formar a cerca de 3.000 orientadores, evaluadores y asesores.Tampoco se ha determinado dónde se impartirán los cursos complementarios para obtener un título, ni las tasas que los usuarios deberán pagar por el certificado de profesionalidad.