Una fosa de Sevilla se reabre tras lograr fondos públicos

"¿Qué vas a hacer conmigo?", le preguntó el jornalero Manuel España al falangista que lo llevó al cementerio para fusilarlo. Se conocían del trabajo en el cortijo. El militante bajó el fusil y le dijo que se fuera. Le dio una oportunidad. España echó a correr por encima de los nichos hacia la libertad. Pero otro falangista se la quitó. "¿Lo vas a dejar escapar?", dijo. Le pegó un tiro en la rodilla. Luego, lo remató. Corría el 17 de septiembre de 1936 en la Puebla de Cazalla (Sevilla).

Su cuerpo acabó en una de las tres fosas del cementerio de la localidad. Su nieta, la historiadora Mari Carmen España que ayer recordó la historia para Público no sabe si su cadáver es uno de los 17 que la Asociación Memoria Histórica y Justicia pudo rescatar hace más de un año en los primeros trabajos de exhumación.

La mezcla de restos humanos, la profundidad de la fosa (más de cuatro metros) y la necesidad de asegurar los paneles de nichos que rodean los cuerpos agotaron hace más de un año los 40.000 euros que les había concedido el Ministerio de Presidencia.

La asociación Memoria Histórica y Justicia reanuda hoy los trabajos dirigidos por un equipo de arqueólogos donde los dejó, gracias a otra subvención, también de 40.000 euros, ahora de la Junta de Andalucía. En las tres fosas de la Puebla (11.200 habitantes) puede haber enterradas unas 200 víctimas de la represión del franquismo, asegura Rafael López, presidente de la asociación. Para apoyar a las familias, Memoria y Justicia ha logrado la colaboración de Psicólogos sin Fronteras, que prestará sus servicios a quien los solicite. "No sé por qué, pero el pasado mal cerrado se hereda", comenta Carmen España.

Su abuelo fue trasladado a la Puebla junto a otros ocho hombres de la localidad de Lantejuela. Su culpa fue protestar porque se había visto a los falangistas, con los fusiles en la mano, escoltar a un grupo de mujeres con la cabeza rapada. Tenía 29 años, un hijo y otro que nació días después.

"Es el Estado, y no las asociaciones, con exiguos medios, el que debe asumir el trabajo de la excavación y exhumación de restos de las fosas comunes de la Guerra Civil".

Es la opinión de Rafael López, presidente de la Asociación Memoria Histórica y Justicia. "El Estado debe poner los medios", remachó.