Donde unos ven oportunidad otros sólo ruina. La fiebre por la extracción de gas no convencional a través de la fractura hidráulica o fracking, como se conoce comúnmente a esta técnica, ha cruzado el charco y presiona para quedarse. Según datos del Ministerio de industria, Energía y Turismo, las solicitudes de permisos de investigación de hidrocarburos, la primera fase para estudiar si el suelo reúne las condiciones para una futura perforación, han aumentado en más de un 67% desde 2008.

Pero las empresas del sector de hidrocarburos y el Gobierno, que ya ha dado alas a su desarrollo, se mueven en terreno revuelto. La contestación social a esta práctica, que consiste en perforar el suelo para inyectar a presión una mezcla de agua, arena y productos químicos que rompen la roca liberando el gas metano, es creciente y está organizada. La última tendrá lugar este sábado en Burgos, donde las plataformas y asambleas contra la fractura hidráulica del Estado, compuestas por 12 agrupaciones de diferentes territorios, han convocado una manifestación nacional para protestar contra una tecnología que consideran "contaminante" e "insostenible". Otras ciudades, como Albacete, también acogerán concentraciones.

"Aunque en Madrid se esté empezando ahora a hablar de esto, desde el norte llevamos bastante tiempo luchando", dice Elvira Cámara, miembro de la Asamblea contra la Fractura Hidráulica de Burgos.

Ya hay solicitados 70 permisos y otros 75 están en tramitación

Castilla y León, Cantabria y Euskadi son los territorios que llevan más tiempo movilizándose debido a que la gran mayoría de los permisos otorgados, (unos 70 por el momento) se concentran en esta zona de la geografía española. La Asociación Española de Compañías de Investigación, Exploración y Producción de Hidrocarburos y Almacenamiento Subterráneo (ACIEP) sostiene que la geología del lugar tiene unas características y potencial similares a las de Dakota del Norte, en EEUU, único país del mundo donde la extracción de gas de esquisto a través del fracking se practica de forma masiva desde hace décadas.

Hoy hay convocada una manifestación nacional contra el fracking en Burgos

Pero también se han creado asambleas en Asturias, La Rioja, Navarra, la Comunidad Valencia o Catalunya, donde se ha desatado un encendido debate en torno al tema. "El movimiento es enorme, cada semana nos llaman diciendo que se ha creado una nueva plataforma", afirma Samuel Martín, de Ecologistas en Acción.

Su organización presentó el jueves un último informe en el que denunciaba que la apuesta por la fractura hidráulica es "errónea desde una perspectiva energética, económica, ecológica y estratégica" al considerar que, entre otras cosas, detrás de la fiebre gasística se esconden intereses especulativos que han hecho que se sobrevaloraran las estimaciones de extracción real entre un 100% y un 400%. "No resulta ni creíble ni serio afirmar que una técnica de explotación como la fractura hidráulica pueda sostener la soberanía energética de un territorio como el español", cita el estudio.

Mapa de 2013 de sondeos, permisos de investigación y concesiones del Ministerio de Industria (Pincha aquí para ampliar)   
El shale gas, o gas ‘no convencional', es de mucho más difícil acceso que el gas convencional, lo que acarrea serias desventajas a la hora de su extracción. Los pozos suelen ser muy productivos durante los dos primeros años, pero a partir del tercero la producción se reduce en torno al 50%, lo que obliga a las compañías a realizar nuevas perforaciones para mantener un ritmo que les sea rentable.

La industria habla de inversiones de entre 700 y 1.000 millones de euros

La industria, que lanzó en 2012 la plataforma Shale Gas para abrir el debate y tratar de contrarrestar la fuerte oposición, estima sin embargo que, aunque falta por saber qué datos arrojarán los resultados de las investigaciones que se están haciendo, España podría albergar recursos de gas (en su mayoría no convencional) en una cantidad equivalente a 70 años de consumo, según sostiene un informe de la ACEIP. No obstante, estas estimaciones están hechas sobre acumulaciones de hidrocarburos que no han sido descubiertas, sino que se intuye que están ahí a base de "evidencias indirectas", por lo que la cantidad real podría ser bastante menor.

El presidente de ACEIP, Antonio Martín, anunció en marzo que los permisos vigentes en España podrían conllevar inversiones por valor de entre 700 y 1.000 millones de euros, cifras, según señaló, que podrían "triplicarse" en caso de que finalmente se autorizaran los permisos pendientes de aprobación (unos 75).

"Hay interés por explorar un recurso energético muy importante de gas que antes no era posible porque no existían los recursos tecnológicos necesarios. Si no tuviera potencial no habría ese interés y las empresas se irían a otra parte. Hablar de una burbuja es un contrasentido", afirma a Público Mónica Cristina, portavoz de Shale Gas.

Los ecologistas denuncian la contaminación, el riesgo sísmico y el impacto visual

En cualquier caso, el principal punto de discordia reside en los riesgos medioambientales y para la salud que entraña esta práctica, que han tratado de ser confirmados y desmentidos a partes iguales. Los grupos ecologistas llevan años denunciando que el fracking conlleva la contaminación de los acuíferos y el aire, amén de que, debido a las ingentes cantidades de agua que se necesita para la fracturación, podría suponer riesgos en el abastecimiento. Destacan también que la técnica aumenta el riesgo de sismicidad en las zonas donde se instalan los pozos y el grave impacto que supone para el paisaje.

La industria sostiene que la técnica es "segura y sostenible". "España tiene una de las legislaciones ambientales más estrictas. Los acuíferos están protegidos porque utilizamos una triple barrera de acero y cemento y en cuanto a los productos químicos que se utilizan, son todas sustancias reguladas, algunas están presentes en productos de limpieza comunes o incluso en la industria alimentaria", asegura Cristina.

Agricultores, pobladores locales, políticos y expertos se posicionan a favor o en contra

Pero el debate es enorme y ha traspasado las fronteras entre ecologistas e industria. Agricultores, pobladores locales, políticos y expertos se han posicionado a un lado y a otro de la contienda. A principios de enero, medio centenar de profesores e investigadores universitarios, en su mayoría especialistas en geología e hidrografía, firmaban contra la técnica del fracking. El Consejo Superior de Ingenieros de Minas, en cambio, presentaba un informe dos meses después animando a aprovechar lo de que, de otro modo, sería "una oportunidad perdida para sumarnos al carro de las nuevas tecnologías".

El catedrático de la Facultad de Geología de la Universidad de Barcelona Mariano Marzo critica que no haya habido suficiente investigación ni una adecuada participación de geólogos expertos. "Yo, personalmente, no me creo las estimaciones que dicen que hay recursos para 90 años, pero asumir que todos los incidentes invalidan la técnica es como decir "el coche mata". Es un discurso que no está basado en el conocimiento sino en la opinión", dice en conversación con este diario.

Incluso a nivel político han llegado las divisiones. Mientras el Gobierno de Mariano Rajoy se ha mostrado dispuesto a apoyar la polémica técnica y trabaja para darle un marco legal (todos los proyectos tendrán que presentar una Evaluación de Impacto Ambiental), no son pocas las administraciones autonómicas y locales, también del Partido Popular, que ya se han posicionado en contra del fracking. El caso de Cantabria, que aprobó por unanimidad el pasado abril prohibir la fractura hidráulica en toda la comunidad autónoma, es paradigmático.

El Gobierno se ha mostrado dispuesto a apoyar y regular la polémica técnica

Allí, la presión de los vecinos y las asambleas que se han ido creando en todas las comarcas ha sido fundamental para conseguir que Ignacio Diego (PP) diera el paso para vetar las extracciones y para que más de 40 ayuntamientos cántabros hayan aprobado mociones contra el fracking.

Florencio Enríquez, que pertenece a la Plataforma contra la Fractura Hidráulica de Cantabria, es de Cabezón de la Sal, el pequeño pueblo de algo más de 8.000 habitantes donde se prendió la mecha de la movilización al conocerse el primer caso de fracking en España. "Luego nos enteramos de que había solicitados muchos más permisos. Nos empezamos a reunir unas 60 personas hace dos veranos y comenzamos a repartir información a los vecinos. Ahora en la plataforma hay alcaldes, concejales, agricultores y tenemos el apoyo de empresas locales", cuenta a Público.

Cantabria prohibió por ley en abril la extracción de gas por fracking

La prohibición en Cantabria, sin embargo, deja algunas lagunas que aún no se sabe cómo se resolverán. El permiso de investigación de hidrocarburos Luena, solicitado por Repsol en el Valle del Río Pas, mantiene en vilo a los vecinos. Al comprender territorio tanto de Brugos como de Cantabria, la autorización fue otorgada por el Gobierno central. La ley cántabra prohíbe la extracción por fracking, pero no las investigaciones previas, en las que la compañía petrolera sigue trabajando. "Nadie construye una casa para no usarla", denuncia Nacho Modinos, coordinador contra el fracking de la zona pasiega.

"Lo que más nos preocupa son los riesgos sobre la economía porque hasta ahora nos sustentábamos en la agricultura, la ganadería y el turismo. Y ya me dirás, si esto se convierte en un campo de pozos, todos esos usos se imposibilitan. Esto no va a durar para siempre, dentro de 20 o 30 años las empresas se irán y dejarán tierra quemada. Es arrasar Cantabria", denuncia.