Francia juzga por primera vez la estructura de extorsión de ETA a empresarios

El Tribunal Especial de lo Criminal de París comenzó hoy a enjuiciar por primera vez en Francia la estructura que tiene ETA para la extorsión a empresarios y la recaudación de fondos con los que financiar sus actividades.

En el banquillo se sentaron Ana Miren Alberdi, de 59 años; Carlos Saez de Eguilaz, de 44, y Cristina Goiricelaya, de 40, que fueron detenidos el 10 de enero de 2003 en Dax (suroeste de Francia).

Los tres han de responder a los cargos de asociación de malhechores con fines terroristas, posesión ilegal de armas, uso de vehículo robado y de documentos falsos y extorsión de fondos en banda organizada.

Este último es el más grave a efectos penales, ya que, si la extorsión es en una banda con fines terroristas, la condena máxima puede ser la cadena perpetua, dijo hoy a los acusados la presidenta de la Corte, Jeanine Drai.

Durante la detención en Dax la Policía francesa encontró, entre otros elementos, un sobre con 72.000 euros, cifra que hizo sospechar y que, tras diferentes pesquisas, permitió seguir el hilo de la estructura financiera de ETA.

En posteriores operaciones, la Policía francesa halló documentos mecanografiados y en soporte informático que vinculaban a los tres procesados con "Gezi", el aparato de extorsión de ETA.

Los agentes que detuvieron a los tres procesados vieron que Saez de Eguilaz intentaba deshacerse de un papel en el que había escrita una clave.

Convenientemente descifrada, la clave permitió llegar a un empresario con intereses en el sector naval y que, tras varias cartas de amenaza, accedió al pago de 144.000 euros en dos tandas, en noviembre de 2002 y en enero de 2003.

El segundo pago tuvo lugar en el departamento francés de Las Landas el 10 de enero, justo el día en que fueron detenidos los presuntos etarras, lo que hizo que los dirigentes del aparato militar sospecharan que el empresario les había delatado.

Por eso, ETA recogió elementos de información por si eventualmente se vengaba del empresario, según se puso hoy de manifiesto durante la lectura del sumario.

En redadas y registros que tuvieron lugar en meses posteriores, las policías francesa y española consiguieron más información que posibilitó identificar a otros empresarios que habían recibido cartas de amenaza y exigencias de dinero, las cuales algunos acataron y otros no.

Durante la sesión de hoy, los tres acusados se acogieron al derecho a no responder a las preguntas del tribunal, a pesar de la insistencia de la magistrada Drai, y sólo admitieron algunas cuestiones sobre su identidad.

La sesión de la tarde tuvo que ser interrumpida quince minutos debido a un ligero mareo de Ana Alberdi, que fue atendida por los servicios médicos del Palacio de Justicia y pudo proseguir en la sala.

Alberdi eludió todo comentario acerca de su trayectoria en ETA y fue la presidenta del Tribunal la que recordó que se integró en la banda en 1976 y militó en el comando "Araba", autor de varios asesinatos.

Sobre ella había una orden de arresto dictada por la Justicia francesa por huir cuando estaba en libertad provisional, ya que había sido detenida en mayo de 1992 y puesta en libertad bajo control judicial dieciséis meses después, lo que aprovechó para fugarse.

En diciembre de 1995, Alberdi fue condenada en rebeldía a cuatro años de prisión por un tribunal de París por asociación de malhechores y uso de documentos administrativos falsos.

Cristina Goiricelaya, que fue concejal por HB, se integró en 1999 en el "comando Vizcaya" y durante un tiempo prestó el caserío de su propiedad en la localidad vizcaína de Fruniz para su utilización como piso de seguridad y como zulo para almacenar explosivos y armamento.