Francia redescubre la política social de vivienda

En 2007, un candidato presidencial francés totalmente embalado en su ascenso político, Nicolas Sarkozy, formuló un proyecto que daba un giro de 180 grados a una tradición francesa. Dijo que hacía falta menos vivienda social, menos apoyo público a la construcción y menos subvenciones, y a cambio había que "desarrollar el crédito hipotecario para los hogares".

Afortunadamente para la República Francesa, la crisis de las subprime estalló justo a tiempo en EEUU, y de golpe la ocurrencia de Sarkozy apareció como lo que era: una ruleta rusa. Esta semana, el Gobierno acaba de completar discretamente su marcha atrás en política de vivienda: relanza (o dice relanzar) todos y cada uno de los dispositivos tradicionales del modelo social francés. En las antípodas de las subprime.

Para dejar bien clara la nueva senda, no fue uno, sino dos miembros del Gobierno, quienes se encargaron de enunciar una a una todas las medidas del dispositivo social de vivienda que los conservadores prometen ahora relanzar.

Primero fue el secretario de Estado para la Vivienda, Benoist Apparu, quien pronunció un vibrante alegato en favor de la construcción masiva de vivienda de protección oficial, bastante paralizada en los primeros años de sarkozysmo.

Pocos días después, el miércoles pasado, fue en persona el primer ministro, François Fillon, que se confirma como hombre fuerte de la década en Francia, quien saltó a escena para aseverar que "el acceso a la vivienda es la primera finalidad de la intervención pública". Llegó incluso a amenazar a los municipios ricos, que tienen alcalde conservador, si no cumplen el objetivo, fijado por ley, de hacer construir suficientes viviendas sociales para que alcancen el mínimo del 20% del parque inmobiliario.

El primer dispositivo estrella presentado por la recuperada fe en lo público del Gobierno conservador fue el llamado PTZ+, siglas en francés del Préstamo a Tipo Cero Plus. Se trata en realidad de una reedición de los tradicionales créditos reglamentados que desde 1946 existen en Francia, pero Nicolas Sarkozy quiso darle un aire nuevo.

En virtud de esa iniciativa, los bancos firman un convenio con el Estado y prestan entre el 15% y el 40% del precio de una vivienda, sin intereses, sólo porque la Administración les cubre las espaldas. La ventaja para ellos es que, adosado a ese préstamo al 0%, puede haber otros, en los que sí hay ya intereses, cosa que hace surgir un mercado de clientes potenciales, allí donde, sin el crédito al 0%, no los habría.

Todo ese dispositivo (el Estado cubrirá en 2011 un total de 2.600 millones de euros en créditos PTZ+) está destinado fundamentalmente a una categoría de hogares: los modestos, que acceden por primera vez a comprarse una vivienda. Además, buena parte de los reembolsos que esos hogares tengan que hacer van a seguir siendo sufragados, en realidad, por otro apoyo público, la llamada Ayuda Personalizada a la Vivienda (APL). La APL es una de las conquistas sociales más importantes de la historia de Francia, y es un monto mensual progresivo, pagado a todo aquel, inquilino o propietario de su vivienda, que por sus bajos ingresos necesite ayuda para hacer frente al coste de su techo.

Tanto se han dado la vuelta a la chaqueta los conservadores que hasta los viejos defectos del modelo de vivienda francés ya han resurgido. Por un lado, se han vuelto a descubrir unos 50.000 casos de familias con rentas muy altas que, pese a ello, han encontrado un chollo y se cobijan en una vivienda social de alquiler moderado. Que haya tales disfunciones es normal en un país que cuenta con 2,16 millones de viviendas sociales que alojan a alrededor de 4,7 millones de personas, y eso sólo en el parque de viviendas de renta limitada de base, sin contar las pertenecientes a organismos profesionales o cooperativos.

Más preocupante: se han detectado entre 20.000 y 25.000 viviendas sociales sin inquilino este año. Vacías no porque estén en obras o en proceso de demolición, sino porque los organismos públicos no quieren aceptar la candidatura de personas juzgadas insolventes. Algo insoportable para las numerosas y competentes asociaciones de personas sin techo, que cifran en unos tres millones las personas que viven mal alojadas en Francia.

Según varios sondeos, cerca de dos de cada tres franceses estiman posible que un día se encuentren viviendo como un sin techo. Algo normal en un país donde un 42,5% de los hogares no es propietario de su vivienda, sino que paga un alquiler, proporción muy por encima de la media europea.

Eso sí, de entre el 57,5% que sí son propietarios (los hay incluso beneficiarios de la Renta Mínima de Subsistencia), dos tercios ya han terminado de reembolsar el crédito. Francia es un país que sigue libre de subprime, al menos en cuanto a techos se refiere. Sin hipotecas. Normal que la derecha en el Gobierno, a 16 meses de las elecciones generales, diga ahora que es un éxito suyo.