Fuerte contestación a las tesis de Ordóñez

El gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, lanzó el martes un boomerang de dudas contra la economía española y sus agentes. Ayer le llegó de vuelta cargado del malestar de todos los que se habían sentido golpeados. Gobierno, autonomías, ayuntamientos, partidos y sindicatos recriminaron al gobernador desde que cuestione las previsiones del Ejecutivo, al hecho de que dude de los niveles y la transparencia del gasto autonómicos a la hora de atajar el déficit, así como su pretensión, aún con la resaca de una huelga general, de acabar con otra conquista de los trabajadores: las cláusulas de revisión de salarios ligadas a la inflación.

Lo más parecido a un aliado que encontró ayer el socialista que dirige el banco central español fue la portavoz del Partido Popular en el Congreso, Soraya Sáez de Santamaría, que se mostró encantada de que se cuestionen las cuentas del Gobierno, sin entrar en que las dudas del Banco de España sobre la consecución del objetivo de déficit del 6% en 2011 se basan en buena medida en el gasto autonómico, que afecta a gobiernos de todo signo.

Desde el Ejecutivo, la vicepresidenta económica, Elena Salgado, máxima responsable de las cuentas cuestionadas el martes por Ordóñez, prefirió restar importancia a las palabras del gobernador y atribuirlas a que sus "intervenciones siempre tienen un poco de chispa y la de ayer (por el martes) también la tuvo". "Yo escucho siempre al gobernador del Banco de España, pero no siempre estoy de acuerdo con él", comentó Salgado, que añadió: "Vamos a conseguir crecer todo aquello que nos hemos propuesto". Según los Presupuestos para 2011 el PIB crecerá un 1,3%.

En declaraciones a Onda Cero, Salgado rompió una lanza también por las autonomías y los ayuntamientos. "Con la información que tenemos creemos que sí van a cumplir los objetivos de déficit, aunque son rigurosos", declaró.

Menos diplomático, el secretario de Estado de Economía, José Manuel Campa, durante su comparecencia en la Comisión de Presupuestos del Congreso, afirmó que las cuentas del Gobierno son "realistas y están justificadas". Campa advirtió a Ordóñez de que los comentarios que siembran desconfianza sobre las previsiones del Gobierno son "particularmente graves".

El secretario de Estado de Cooperación Territorial, Gaspar Zarrías, declaró que Ordóñez "a veces dice cosas que no se corresponden con la realidad" y señaló que "por el hecho de expedir el dinero no tiene patente para que todo lo que diga vaya a misa".

La mirada de autonomías de toda España convergieron ayer también en Madrid a la altura de la plaza de Cibeles, en la sede del banco central, casi todas para recordar qué tipo de gasto es el que lastra sus cuentas: el gasto social, dadas las competencias asumidas.

El Gobierno andaluz recibió con indisimulada indignación las palabras de Ordóñez. "Debería tener respeto y confianza en las comunidades autónomas", dijo José Antonio Griñán. El presidente andaluz recordó al gobernador que las autonomías se regulan por el título octavo de la Constitución, pero "son las que hacen efectivos los derechos del título primero", entre los que citó educación, sanidad y atención a dependientes, informa Ángel Munárriz.

En la misma línea, la portavoza del Gobierno de Castilla La Mancha, Isabel Rodríguez, recordó que "la mayor parte del dinero lo estamos destinando a garantizar servicios esenciales a lo ciudadanos". Se trata de derechos de los ciudadanos y es "una obligación" mantenerlos, "sobre todo ahora que las familias pasan por dificultades". El conseller valenciano de Economía, Gerardo Camps, declaró que "no son las autonomías las que ponen en riesgo la estabilidad presupuestaria" porque todas "cuentan con un Plan Económico Financiero aprobado por el Gobierno de España". El consejero de Innovación y Universidades de la Generalitat de Catalunya, Josep Huguet, se preguntó cómo es posible que el Estado tenga déficit si las autonomías asumen la mayor parte del gasto social.

Sobre las cláusulas salariales, el secretario de Estado de la Seguridad Social, Octavio Granado, hizo un extraño quiebro al calificar de "probablemente conveniente" la propuesta de Ordóñez, para aclarar que es desde el punto de vista macroeconómico puesto que tendría un impacto social "muy fuerte". El secretario de Acción Sindical de UGT, Toni Ferrer, demostró ese impacto al calificar la iniciativa de intento de volver "al capitalismo salvaje".