Fujimori rechaza las acusaciones y la fiscalía reitera el pedido de 30 años de prisión

El ex presidente de Perú Alberto Fujimori (1990-2000) rechazó hoy las acusaciones de haber violado los derechos humanos, durante el inicio de un proceso en el que la fiscalía pidió que se le condene a 30 años de cárcel y al pago de 100 millones de soles (33,3 millones de dólares).

En medio de la expectativa nacional y una notoria desorganización del tribunal, Fujimori se convirtió en el primer gobernante peruano en ser enjuiciado por violaciones a los derechos humanos.

La Sala Penal Especial de la Corte Suprema lo juzga por las matanzas de Barrios Altos (1991) y La Cantuta (1992), en las que murieron 25 personas, y los secuestros del periodista Gustavo Gorriti y el empresario Samuel Dyer.

La fiscalía acusa a Fujimori de ser "autor mediato" (haber planificado, organizado y dirigido las acciones) de esos delitos, cometidos por el grupo militar encubierto "Colina".

El ex mandatario, que había escuchado impasible la acusación, se exaltó cuando el presidente del tribunal, César San Martín, le pidió que señalara si aceptaba los términos del juicio.

Fujimori dijo que recibió en 1990 a su país "en colapso", con una grave inflación, en aislamiento financiero internacional y acosado por el accionar de la banda armada Sendero Luminoso.

También existían grupos paramilitares como el llamado "Comando Rodrigo Franco", que -según medios peruanos- tuvo vínculos con el primer Gobierno del presidente Alan García (1985-1990), apuntó.

El ex jefe de Estado añadió que "frente a la situación, con el país desangrándose" durante su Gobierno, hizo "reformas dentro del contexto del respeto a los derechos humanos".

"A raíz de mi Gobierno se rescatan los derechos humanos de 25 millones de peruanos, si se cometieron algunos hechos execrables los rechazo totalmente, pero también rechazo los cargos y no acepto la acusación fiscal", aseveró un exaltado Fujimori.

El fuerte alegato fue interrumpido por San Martín, quien se vio obligado a recordarle que tenía "que respetar la directiva del tribunal".

"Aquí mando yo", le dijo enfático San Martín, para luego remarcar que a lo largo del proceso tendrá "la oportunidad de responder todas las preguntas" que se le hagan.

El ex presidente aseguró, con la voz quebrada, que "su defensa será a base de pruebas y no indicios", tras lo cual se escucharon los aplausos de un grupo de sus seguidores que asistía al proceso, lo que llevó al titular del tribunal a recordar que "está prohibida cualquier tipo de manifestación a favor o en contra".

Vestido con un elegante traje oscuro a rayas y una corbata dorada con puntos negros, Fujimori permaneció durante la audiencia en un escritorio colocado frente a los magistrados de la Sala Penal Especial habilitada en la sede policial donde permanece recluido desde que fue extraditado de Chile el 22 de septiembre.

Una constante mueca con la boca fue lo único que evidenció un cierto nerviosismo en el autodenominado "último samurai", que se limitó a tomar apuntes en un cuaderno y mantuvo contacto en dos ocasiones con su abogado, César Nakazaki.

Al inicio del proceso, los miembros del tribunal aseguraron que serán "firmes" en sus decisiones y reconocieron que son "conscientes de la expectativa social" que ha generado el juicio.

Además, destacaron su "independencia e imparcialidad judicial" y el "pleno respeto a los principios del derecho penal".

Entre los que se prevé comparecerán en el juicio oral figuran el ex asesor presidencial Vladimiro Montesinos, que por motivos de seguridad no fue trasladado hasta la sede judicial y será citado cuando se considere "pertinente", según San Martín.

Tras un inicio confuso y tumultuoso, en el que se pudo ver que los miembros del tribunal desconocían el número de testigos e implicados que declararán durante el proceso, los magistrados escucharon los alegatos iniciales de la defensa y los acusadores.

El tribunal también rechazó una solicitud de Nakasaki, para que se niegue una petición del Ministerio Público de que se establezcan "márgenes complementarios a la reparación civil", que incluyan "medidas de rehabilitación, atención médica, psicológica y social para las víctimas".

Momentos de tensión se vivieron en la reducida sala de la audiencia, donde un grueso vidrio separa a los protagonistas del juicio del público y la prensa, cuando ingresaron los familiares de las víctimas.

Raida Cóndor y Gisella Ortiz, madre y hermana, respectivamente, de dos víctimas de la matanza de La Cantuta se ubicaron entre los asientos sin mirar a los parientes y allegados del ex mandatario.