Los tres sindicatos mayoritarios de la función pública en Catalunya CCOO, UGT e IAC hicieron frente común ayer para convocar movilizaciones de los empleados públicos de la Generalitat para el próximo 14 de diciembre. Los representantes de los funcionarios denuncian la falta de concreción de las medidas de ajuste que les presentó el Govern el pasado miércoles. Así pues, acordaron las protestas en una reunión previa a la de la Mesa de la Función Pública para conformar una posición común en las negociaciones.

Los sindicatos exigen al Govern que les transmita los datos sobre las que sustenta las 19 medidas de ajuste que pretende llevar a cabo, entre ellas la de despedir interinos o reducir sustancialmente los complementos salariales de los trabajadores. Argumentan que sin concreción es "imposible negociar", ya que no se puede determinar el impacto final que tendrán los ajustes sobre los 230.000 funcionarios de la Generalitat. "El miércoles no nos dieron datos ni se nos concretó nada más que 19 puntos panfletarios", criticó el responsable de la Federación de Servicios Públicos de UGT, Xavier Casas.

Los representantes sindicales encaraban la segunda jornada de negociaciones con los ánimos muy encendidos por unas medidas que han calificado de "insulto" a los trabajadores públicos. Como ya ocurrió el miércoles, salieron del encuentro sin que la Generalitat concretara más el contenido de las propuestas.

Fuentes sindicales explican que no ven una voluntad de negociación por parte del Govern. "La sensación es que nos están dando largas hasta que nos levantemos de la mesa y nos vayamos", afirman. El punto clave en estos momentos se encuentra en la concreción de la revisión de las plantillas de interinos. "Si este punto no está definido, no debemos seguir por el resto", expresó Casas, quien denunció: "No nos quieren decir cuántos interinos irán a la calle".

Los sindicatos insisten en que es posible un "plan B" y reclaman al Govern que escuche sus alternativas. En ese sentido, UGT de Catalunya ha propuesto fijar un sueldo interprofesional público de 5.000 euros brutos mensuales para los altos cargos de la Administración, que afectaría a cerca de 1.600 personas, y cuantificó el ahorro de la medida en 800 millones de euros, 60 millones menos de los que pretende ahorrar ahora la Generalitat.

En una declaración totalmente opuesta, la vicepresidenta del Govern, Joana Ortega, consideró ayer "muy positivamente" las conversaciones entre ambas partes y aseguró que espera que se llegue a un acuerdo antes de las movilizaciones.