Los fusilados de Poyales vuelven a una fosa anónima

Cada vez que Obdulia Camacho volvía a descansar a su pueblo, Poyales del Hoyo (Ávila), se preguntaba en voz baja: "¿Dónde estarás?". Cuando sus nietos le preguntaban a quién invocaba, no contestaba. "Siempre llevó el miedo en el cuerpo", explica su nieto Yash Paul, un hindú que vuelve a sus orígenes españoles en Ávila de vacaciones. Lo que Obdulia recordaba era la madrugada del 28 de diciembre de 1936, cuando un grupo de falangistas le subieron a un camión con su madre cuando ella tenía apenas 12 años. A un kilómetro de Candeleda, donde a su madre le esperaba la muerte, escapó gracias a la mediación del conductor.

Obdulia no supo dónde fue enterrada su madre hasta que su cuerpo fue recuperado en 2002 junto a los restos de otras dos mujeres con las que había sido fusilada. "Mi madre decía que la mataron por estar liada con un socialista. Como tenía la suerte de saber leer, leía la prensa que pillaba y entre los periódicos que leía al resto de mujeres mientras cosían estaba El Socialista.

"Dicen que por eso la mataron", resume Miguel Martínez, nieto de Pilar Espinosa.

La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) exhumó los restos de las tres mujeres en 2002 y en junio del pasado año fueron reunidas en un panteón del cementerio de Poyales del Hoyo con otras siete víctimas recuperadas de una fosa en Candeleda, entre ellas Régulo Martín (en la foto). La hija de Pilar murió dos años después de haber reconocido las zapatillas de su madre en plena fosa común. "Para ella fue un alivio poder enterrarla con dignidad", recuerda Yash.

El pasado viernes, la jueza de paz de Poyales se acercó a la casa de Yash para hacerle una oferta insólita. "Me dijo que si tenía interés en trasladar los restos a algún cementerio. Le dije que no y ayer (martes) me enteré de que habían tirado al osario todos los restos y habían roto la tumba y las placas de recuerdo", describe. "Por la memoria de mi madre Obdulia exigiremos cuentas a quien haya hecho el destrozo", advierte Miguel Martínez.

El alcalde de Poyales, Antonio Cerro (PP), acompañado de la jueza de paz, dos guardias civiles y la nieta de una de las víctimas acudió el pasado sábado al cementerio, mandó reventar la tumba sobre la que habían sido inscritos los nombres de los represaliados junto a una paloma de la paz y decidió que se enviaran los restos al osario, menos los de Virtudes de la Puente, abuela de la familiar presente en la profanación.

"El alcalde autorizó la exhumación a petición de esta mujer, que quería trasladar a su abuela a otro cementerio", describe Eduardo de la Torre, vecino de Poyales y miembro del Foro por la Memoria. "Encargó un informe que asegura que debe avisar a las familias, por respeto a la memoria de sus muertos, para mover los huesos. Pero no lo hizo", describe De la Torre, que ha tenido acceso al informe firmado por el regidor con fecha del 23 de junio de 2011.

Las familias de los fusilados no fueron avisadas pese a que el alcalde aseguró ayer a Público haberlo hecho, informa Patricia Campelo. Los afectados por la profanación estudian si le denuncian por el delito descrito en el artículo 526 del Código Penal: "El que, faltando al respeto a la memoria de los muertos, violare los sepulcros, sepulturas o lápidas será castigado con la pena de arresto de 12 a 24 fines de semana y multa de tres a seis meses".

Las víctimas homenajeadas en la tumba de Poyales tienen el sello de haber sido víctimas del falangista apodado el 501, un siniestro pistolero que, según los vecinos de la zona, se jactaba de haber asesinado a tantas personas como decía su mote.