El futuro de la petrolera Chevron, la tercera empresa estadounidense en capitalización bursátil, pasa por Lago Agrio, una humilde población de 60.000 habitantes perdida en la Amazonia ecuatoriana.

Todavía más: la viabilidad misma de la todopoderosa multinacional está en las manos de una sola persona que ni siquiera habla inglés con fluidez y que trabaja en un destartalado edificio en Lago Agrio: el juez Juan Núñez. De él depende la sentencia de la causa contra Chevron por los desmanes de Texaco adquirida por Chevron en 2001 durante décadas en la Amazonia. Están en juego 19.000 millones de euros y la previsión es que el fallo llegará tras el verano.

La cadena estadounidense CBS, que dedicó a la causa un programa de 60 Minutes, considera el caso como el más importante de la historia que afecta a una multinacional por su comportamiento en el Tercer Mundo.

Según los colectivos indígenas que en 1993 iniciaron el proceso en Nueva York y que están agrupados en el Frente de Defensa de la Amazonia, entre 1964 y 1992, Texaco hizo y deshizo en 1,5 millones de hectáreas de la selva, que dejó patas arriba al marcharse. Resultado: extinción de dos pueblos indígenas los Tetetes y los Sansahuari, vertidos 30 veces superiores a los que Exxon Valdez arrojó en Alaska, emisión de gases sin control, contaminación de aguas y tierras y 1.000 muertos por cáncer que los querellantes atribuyen a la polución masiva.

El experto que en nombre del juez ha explorado el terreno y se ha entrevistado con sus gentes ha redactado un informe que ha rebajado en 7.000 millones de euros la exigencia de los querellantes. Pero la cifra final es mareante incluso para Chevron: 19.000 millones.

"Daño irreparable"

"Ni siquiera esta cantidad podría resarcirnos, porque el daño hecho es irreparable", explica, en conversación telefónica, Pablo Fajardo, que dirige el equipo de abogados en Ecuador. Él mismo es de la zona y se hizo abogado para intentar al menos enfrentarse a Texaco.

"Las presiones al juez son brutales", dice el abogado de los indígenas

El caso empezó formalmente hace 16 años y Fajardo está en tensión permanente desde entonces. Y más ahora que se vislumbra el final: "Las presiones han sido constantes y brutales para que nos echáramos atrás. Ahora se concentran en el juez", asegura.

"Yo mismo he sido amenazado reiteradamente y uno de mis hermanos fue asesinado por sicarios, aunque no puedo probar que Chevron esté detrás", añade.

La multinacional es consciente de que se juega muchísimo y no sólo desde el punto de vista de las relaciones públicas y se está dejando la piel en desacreditar el proceso. Ha creado varios sitios específicos en Internet (www.chevron.com/ecuador y www.texaco.com/sitelets/ecuador/es), ha inundado la prensa ecuatoriana de anuncios e incluso contrató a un ex periodista de la CNN Gene Randall para que elaborase sobre el terreno, durante cuatro meses y sin ahorrar medios ni costes, el negativo del documental de propaganda emitido por la CBS.

Contra Petroecuador

Chevron siempre ha argumentado que dejó el terreno impoluto y que si ahora está hecho un lodazal es por la incompetencia de la empresa pública Petroecuador, que asumió el control de los pozos en 1992.

Cuando el caso llegó a los tribunales de Nueva York, los abogados de la multinacional entonces Texaco lograron su objetivo de derivarlo hacia Ecuador. Según Fajardo, "con la esperanza de sobornar a las instituciones ecuatorianas, como habían hecho siempre".

La empresa logró trasladar el juicio a Ecuador y ahora lo considera una farsa

Esa victoria de entonces es la pesadilla de ahora, porque Chevron se comprometió ante los tribunales de EEUU a respetar el fallo ecuatoriano y ahora todo indica que habrá sentencia condenatoria e indemnización astronómica. La empresa considera ahora que el proceso es una "farsa" y que está manipulado por el presidente de Ecuador, el izquierdista Rafael Correa.

"¡Es un atropello contra una empresa estadounidense!", dijo a la CBS una portavoz de Chevron, que ha gastado un dineral en lobbies para intentar, sin éxito, que Washington rompa con Quito.

"Es el juicio más importante de la historia y no sólo por la cantidad de dinero en juego o por la magnitud del atropello ambiental", recalca Fajardo, quien concluye: "Va más allá, porque el caso significa mucho también en términos geopolíticos: Chevron no quiere aceptar que le juzgue un país del Tercer Mundo".