El ministro de Educación, Ángel Gabilondo, se ha mostrado hoy dispuesto a hablar de la cuestión lingüística en relación con el castellano y las otras lenguas en las conversaciones con vistas a un pacto educativo, dentro del "espíritu constitucional", según ha precisado.

"Y si se trata de que todos los alumnos tengan garantizado el conocimiento de la lengua con independencia del terreno en el que estén, de acuerdo, eso queda garantizado; y también queda garantizado que esto ocurre y ocurrirá y ha de ocurrir en todas las comunidades autónomas", ha señalado en la Comisión de Educación del Congreso.

Ha matizado que la propuesta de pacto educativo se inscribe en la Constitución, "nace del espíritu constitucional", así que no es un pacto ni para cambiar la Constitución ni combatir ese espíritu, ha apostillado.

En ese espíritu constitucional, ha dicho el ministro, "estamos dispuestos a hablar de este asunto (de la lengua) y, si así se considera, encontremos un buen acuerdo para hacerlo, pero no utilicemos las lenguas como un vehículo de confrontación, una lengua no se defiende atacando a otras", sino buscar una fórmula que reconozca la realidad plurilingüe.

Los sistema actuales existentes en las comunidades autónomas con idiomas cooficiales, con más o menos acierto, son fruto de consensos sociales de cada territorio, avalados por parlamentos democráticos y la doctrina constitucional, según ha añadido.

En relación con la libertad de enseñanza, ha señalado que es "pura Constitución", así que no se pone en duda, aunque también se ha mostrado abierto al debate en este asunto, a ponerse de acuerdo en el significado de esta cuestión, vinculada a la justicia.

En cuanto a los conciertos, ha señalado que de ellos se derivan derechos y deberes.

Sin embargo, ha precisado que la educación pública no se mejora combatiendo la concertada.

El ministro ha enfatizado que el pacto no se propone excluir a nadie, ni "recuperar competencias en materia educativa por parte del Gobierno central".

Ha negado que la propuesta de opciones hacia el Bachillerato o la FP en cuarto de ESO sea un "darwinismo social" vinculado a las circunstancias económicas o intelectuales del alumnado.

En cuanto al futuro estatuto de la función pública docente, ha señalado que será "compatible" con el Estatuto de Autonomía de Cataluña y la ley de educación de esa comunidad

El portavoz del Grupo Popular, Juan Antonio Góméz Trinidad, ha apuntado que son necesarias reformas "profundas" porque lo que está fallando es el modelo pedagógico subyacente durante los últimos 20 años, en alusión a la LOGSE, y no se trata de "guerras de lenguas".

"No es el problema educativo de este país -ha precisado-, podrá haber algún conflicto en algunas comunidades y será objeto de análisis y por supuesto de solución, pero el fracaso escolar no se debe al conflicto de las lenguas que pueda haber en determinadas localidades o regiones"

El PP menciona la cuestión de la lengua o la vertebración del sistema educativo porque, según Gómez Trinidad, son temas "pactados" entre todos, pero que en la práctica "no se respeta", así que este partido pide que se pueda aprender y enseñar en castellano y no está contra de ninguna lengua.

Mientras que Cándida Martínez, del PSOE, ha pedido estabilidad normativa y aproximarse en lo que une a todos, Mercé Pigem, de CiU ha reclamado respeto para el Estatuto de Autonomía de Cataluña y la ley catalana de Educación, que ha definido como "líneas rojas" que no se deben traspasar, y que sean necesarios dos tercios de grupos parlamentarios para las modificaciones normativas.

En nombre del PNV, Aitor Esteban, ha advertido contra que el Estado pretendiera recabar competencias que ahora tienen las CCAA con la excusa del pacto, que quedaría "algo cojo" si sólo contara con el apoyo de PP y PSOE.

Joan Tardá, de ERC, ha pedido que el pacto sirva para, de una vez por todas, "desconflictivizar" las lenguas, y para el "blindaje" de los sistemas educativos donde se ha optado por la inmersión lingüística o favorecerla donde no sea así.

Por IU, Gaspar Llamazares, ha defendido que no se abra todo el "melón educativo" y ha añadido que la educación no resolverá los problemas que tienen que ver con el modelo económico y laboral y ha añadido que la garantía del pacto no serán las mayorías tanto como la lealtad.

Olaia Fernández, del BNG, ha insistido en el respeto de todas las las lenguas y culturas del Estado.