El alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, ha vuelto a desmarcarse de la línea más dura de su partido. Esta vez, en referencia a la polémica sobre la negativa de empadronar a inmigrantes sin papales por parte de los ayuntamientos del Vic (Barcelona) y Torrejón (Madrid). Ruiz-Gallardón ha declarado esta mañana que los requisitos para el empadronamiento de los inmigrantes en situación irregular conduce a estos 'a la exclusión o a la marginidad, o como mucho, a desviar el problema hacia otro municipio que sí aplicase la ley'.

El edil madrileño se muestra contrario, así, a las posturas más conservadoras de otros miembros de su partido, como la presidenta madrileña, Esperanza Aguirre, quien defendía ayer al ayuntamiento de Torrejón.

El vicepresidente y portavoz de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, justificaba el martes al ayuntamiento de Torrejón argumentando que lo que pretendía el consistorio al exigir una serie de requisitos adicionales a los extranjeros era evitar los 'domicilios patera'.

Sin nombrar a Torrejón expresamente, Gallardón se ha limitado a decir que 'todo lo que signifique establecer cualquier requisito añadido a lo que establece la Ley de Extranjería y la Ley de Régimen Local, cualquier ayuntamiento de España que lo haga, incurre en la ilegalidad'.

Pero el Gobierno de Aguirre no es el único es mostrarse favorable a este tipo de medidas. Por su parte, el presidente del PP, Mariano Rajoy, aprovechaba la situación en el municipio de Vic para exigir al Gobierno que 'se avenga a razones' y cambie una vez más la normativa . Si bien el líder del PP se mostró partidario de que la legislación se cumpla, también dijo estar a favor de que se cambie la Ley de Extranjería y de que se evite así 'generar más problemas' a los ciudadanos.

También la presidenta del partido conservador en Catalunya, Alicia Sánchez Camacho, dio a entender su apoyo a la iniciativa del alcalde de Unió Josep Maria Vila dAbadal al asegurar que 'los padrones no se pueden convertir en la puerta de entrada de la inmigración ilegal'. De hecho, algunos grupos municipales del PP, como el de Badalona, anunciaron su interés por importar el modelo de Vic.

Sin embargo, el alcalde de Madrid ha señalado que este tipo de regulaciones no son de competencia municipal.  'De orden político o de naturaleza ética'- ha argumentado-  hacer eso 'significa privarles de los derechos y de las prestaciones sociales imprescindibles para garantizar su supervivencia y su dignidad'. El padrón, ha defendido, 'tiene que ser el reflejo de la realidad, con independencia del derecho que tenga la persona que ocupa una vivienda'.