Gallardón dice que la propuesta sobre los indigentes no tiene que ver con la ley de vagos y maleantes

El alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, ha sostenido hoy que la propuesta de hacer una ley estatal para sacar a los indigentes de la calle "no tiene nada que ver con la ley de vagos y maleantes".

En la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno, Gallardón ha explicado que la ley de vagos y maleantes "no es una ley franquista, es una ley socialista", ya que se aprobó en agosto de 1933, cuando era presidente del Gobierno Manuel Azaña, "pero gobernaba en coalición con el Partido Socialista Obrero Español".

"Nada absolutamente tiene que ver lo que nosotros hemos propuesto con la ley de vagos y maleantes", dijo Gallardón y agregó que, "es más, entra en contradicción" con ella, ya que aquella ley lo que pretendía era proteger a la sociedad frente a los vagabundos "y lo que nosotros pretendemos con nuestra propuesta es lo contrario".

"Proteger a los indigentes, también frente a la indiferencia de la propia sociedad", es el objetivo de la propuesta de Gallardón.

Gallardón rechazó de plano imponer sanciones a los indigentes que duerman en la calle, ya que "las personas sin hogar no son los infractores, sino las víctimas", a las que "tenemos la obligación de asistir".

El alcalde señaló hoy que "no podemos tener una mirada indiferente" hacia las muchas personas que viven en la calle en Madrid y otras ciudades.

Reveló que "no es un problema ni de convivencia ni de estética fundamentalmente" sino que su prioridad es "la dignidad de las personas y su salud y atención".

Gallardón explicó que el Ayuntamiento ha destinado "casi 15 millones de euros" a los siete centros de atención a estas personas -tres de ellos nuevos- porque no existían plazas suficientes en los albergues.

Ahora existen más de 1.300 plazas permanentes, que se amplían a 1.800 durante la campaña del frío, pero, según informaciones del Samur Social, sigue habiendo en Madrid entre 500 y 600 personas que pernoctan en la calle aunque hay "un número significativo" de plazas libres en los centros tanto municipales como concertados con las ONG.

Los indigentes conforman "una población muy difícil, un 40% de ellos tiene problemas mentales o de adicciones", señaló Gallardón y agregó que ante esta situación las administraciones públicas "no pueden permanecer indiferentes", sino que tienen la obligación de intervenir "para que especialmente el alcoholismo no sea algo inevitable en sus vidas".

"Creo que estamos obligados a acercarnos a estas personas y encontrar los recursos e instrumentos" para que puedan recibir la ayuda que precisan, dijo.

"Tenemos que hacer todo lo que esté en nuestra mano para que estas 500 personas duerman en un centro del ayuntamiento donde tengan su dignidad garantizada, acceso a techo, alimentación e higiene" y desde donde se puedan derivar a la asistencia sanitaria "en función de la patología que pudieran tener".

"Hacer caso a su voluntad" de no acogerse a los servicios sociales municipales y vivir en la calle "es una actitud que no se corresponde con un discurso de solidaridad", a juicio de Gallardón.

El debate es "si estas personas tienen capacidad para decidir por sí mismas", señaló Gallardón, quien afirmó que, en cualquier caso, "al final se hará lo que decida la mayoría en el Parlamento".