La malformación del feto no será ya un supuesto para abortar, según adelanta el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, en una entrevista que publica hoy el diario La Razón.

La actual regulación de la interrupción del embarazo, aprobada por la izquierda en 2010, establece el aborto libre hasta la semana 14 y hasta la 22 en caso de riesgo de la vida o la salud de la mujer o graves anomalías en el feto, y sitúa en 16 años la mayoría de edad para adoptar la decisión.

En la entrevista, Gallardón afirma que la legislación volverá a un sistema de supuestos "que no será exactamente el que estaba vigente con anterioridad a la ley de plazos, porque la experiencia nos demuestra que algunos de esos aspectos deben ser revisados".

Se refiere el ministro a la legislación vigente entre 1985 y 2010, y que establecía tres únicos supuestos en los que no estaba penalizado el aborto: en caso de violación (hasta la semana 12), en caso de graves taras psíquicas o físicas del feto (hasta la semana 22, y siempre que lo certificasen dos médicos) o si existía un "grave peligro para la vida o la salud física o psíquica de la embarazada" (sin plazo). Este último supuesto era al que se acogía la inmensa mayoría de las gestantes hasta la entrada en vigor de la Ley de Plazos del PSOE.  

"No entiendo que se desproteja al concebido, permitiendo el aborto, por el hecho de que tenga algún tipo de minusvalía o de malformación. Me parece éticamente inconcebible que hayamos estado conviviendo tanto tiempo con esa legislación. Y creo que el mismo nivel de protección que se da a un concebido sin ningún tipo de minusvalía o malformación debe darse a aquel del que se constate que carece de algunas de las capacidades que tienen el resto de los concebidos", opina el ministro.

Gallardón plantea una auténtica contrarreforma, yendo más lejos de lo que había anunciado en enero. Quiere ir a una redacción aún más restrictiva que la aprobada en 1985, y que el PP de José María Aznar ni siquiera se atrevió a tocar. España se distanciaría además de sus socios europeos, donde es mayoritaria la legislación de plazos. 

Por otro lado, el ministro de Justicia señala que no hay "ninguna duda" de que el actual Consejo General del Poder Judicial (CPGJ) se renovará en plazo y aboga por hacer una reflexión "tranquila pero profunda" para introducir en la legislación "mecanismos alternativos" semejantes a los del modelo alemán, en caso de que los legisladores incumplan los plazos de renovación, tal y como ha sucedido con el Tribunal Constitucional (TC).

Además, opina que la "bajada de sueldos no merma la independencia judicial" y se refiere a la Ley Electoral, advirtiendo de que "hay muchas cosas que se podrían mejorar" de la norma, "pero no forma parte del paquete político de un Gobierno".