El abogado Joan Garcés, que ejerce la acusación en la causa seguida en la Audiencia Nacional contra Augusto Pinochet, ha destacado hoy el "miedo" de muchos responsables políticos que se vieron "simbólicamente detenidos" con el arresto del dictador chileno en Londres, del que mañana se cumplen 10 años.

Garcés se ha manifestado así al conmemorar el décimo aniversario de la detención junto al director de Amnistía Internacional en España, Esteban Beltrán.

También estuvieron presentes Marcela Prádenas, una ciudadana chilena que fue detenida y "desaparecida" por la policía política de Pinochet en 1985, y la viuda de Carmelo Soria -diplomático español secuestrado, torturado y asesinado en 1976-, Laura González.

Según Garcés, cuyos estudios fueron utilizados por el juez Baltasar Garzón para instruir la causa contra el dictador y emitir la orden de su detención el 16 de octubre de 1998, el arresto se produjo "con cinco siglos de retraso".

"La llegada de los europeos al continente americano, desde el norte hasta el sur, fue ocasión para una de las mayores hecatombes contra la humanidad", ha aseverado el jurista, que ha recordado que hasta la detención del chileno "los crímenes contra la humanidad estaban en la más absoluta impunidad".

También se ha referido a la "alegría y satisfacción universal" que supuso la admisión de la querella contra Pinochet y otros dirigentes por delitos de genocidio, terrorismo y torturas, y ha considerado que en los años 90 hubo "una ventana de oportunidad" que se vio "semicerrada" a partir de 2000, con los cambios en la dirección política de Estados Unidos.

No obstante, Garcés ha recalcado la "fuerza real en el mundo de hoy" de la visión "innovadora y positiva" que se impulsó con aquel hito, "a pesar de determinados Gobiernos y regímenes que están en el poder, pero que no serán eternos".

"Lo que hoy es posible ayer no lo era", ha sentenciado el letrado, que ha apelado a "formar una coalición de intereses" para enjuiciar a esos dirigentes "cuando sea posible".

Por su parte, Beltrán ha subrayado los "grandes avances" que ha experimentado la Justicia Universal en la última década, con la admisión a trámite de 11 de las 17 demandas presentadas en la Audiencia Nacional sustentadas en este principio, pero ha advertido de que hay "riesgos enormes de retroceso".

El responsable de Amnistía Internacional ha pedido que se fortalezca el concepto de Justicia Universal en el Código Penal y que se reforme la Ley de Cooperación con la Corte Penal Internacional, de modo que la Audiencia "deje de ser una oficina de correos".

Además, ha considerado que un "sistema judicial que pidió la extradición de Pinochet no puede dejar de avanzar sobre los derechos a la verdad, la justicia y la reparación, garantizándolos a las víctimas de la Guerra Civil y el franquismo".

Prádenas ha valorado que Garzón trabajase "firme y decididamente para que el proceso contra Pinochet saliera adelante" y ha manifestado que la impunidad de los que violan los derechos humanos "insulta doblemente a las víctimas", pues "mientras no se hace justicia, los delitos siguen ocurriendo y las personas sufriendo".

Aunque Pinochet regresó a Chile en 2000, después de que el gobierno británico resolviese que no estaba capacitado para ser juzgado, Prádenas ha considerado que con su detención "los tiranos se dieron cuenta de que no podían pasearse por España y Europa libremente" y les ha recordado que ellos tampoco son "intocables".