García Marcos niega que el Gobierno de Yagüe cometiera delito de licencia del hotel Guadalpín

La ex primera teniente de alcalde de Marbella Isabel García Marcos aseguró hoy que el equipo de Gobierno presidido por Marisol Yagüe no cometió ningún acto delictivo en la concesión de la licencia urbanística del Hotel Guadalpín Banús al no haber otorgado dicho permiso de obras.

García Marcos prestó hoy declaración como imputada en el Juzgado de Instrucción número 1 por esta causa, iniciada tras la denuncia presentada por la comunidad de propietarios "La Herradura" y por la que también comparecieron ante la juez Carmen Rodríguez-Medel otros ocho ex concejales del Ayuntamiento marbellí, entre ellos Marisol Yagüe.

Algunos de estos ex ediles, como Tomás Reñones, declararon además como imputados en relación con varios de los 27 procedimientos desglosados de una querella presentada por la Fiscalía Anticorrupción por presuntas irregularidades en convenios sobre permutas y tasación de terrenos.

A su salida de los juzgados, García Marcos explicó que el Ejecutivo local de Yagüe no concedió la licencia para la construcción del Guadalpín Banús, sino que se limitó a "darse por enterado" de un informe técnico que establecía que la promotora cumplía los "condicionantes" exigidos por la Corporación anterior para ejecutar la obra.

"Nosotros no somos técnicos en Urbanismo y si te dicen que se han cumplido los condicionantes, te lo crees", afirmó la que fuera primera teniente de alcalde, que destacó que "no puede ser delictivo darse por enterado".

En declaraciones a los periodistas, la ex edil subrayó que el equipo de Gobierno de Yagüe no adoptó sobre la citada licencia "ningún tipo de resolución, porque no procedía" y apuntó que su declaración ante la juez fue "brevísima" porque "verdaderamente no tenía mucho contenido" en relación con los hechos que investiga la causa.

Por su parte, el letrado de Marisol Yagüe, Pablo Luna, se manifestó en el mismo sentido al recordar que el Ejecutivo local presidido por su defendida aprobó el proyecto de ejecución de un proyecto básico sobre una licencia urbanística otorgada en 2002.

El letrado señaló que, en su declaración ante la juez, Yagüe resaltó que en ningún momento fue advertida de la posibilidad de estar incurriendo en una ilegalidad, al dar el visto bueno al proyecto de ejecución, por los asesores jurídicos de Urbanismo ni por los técnicos que presentaron el informe que reflejaba el cumplimiento de los condicionantes.