Garzón abandona el caso de la memoria histórica

El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón renunció el martes a seguir investigando las desapariciones ocurridas durante la Guerra Civil y el franquismo, pasando la investigación a los juzgados territoriales.

En su auto, al que tuvo acceso Reuters, Garzón declara extinguida la responsabilidad penal del general Francisco Franco y otros 44 cargos del régimen tras comprobar que todos han muerto.

Garzón archiva el caso en la Audiencia Nacional y lo traspasa a los juzgados de instrucción de las localidades de 20 provincias donde están ubicadas las fosas ya identificadas.

El magistrado levantó ampollas en ciertos sectores de la sociedad al declararse competente para investigar esta causa, una decisión que fue recurrida por la Fiscalía y sobre la que debía pronunciarse la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.

No obstante, el último auto de Garzón podría ser recurrido por alguna de las partes personadas en la causa, que no descartan incluso acudir a los tribunales europeos.

"No se puede decir casi nunca que es el final. Los abogados de la plataforma que planteó la demanda están ahora mismo examinando esto y estudiando a ver qué se puede hacer", dijo Santiago Macías, vicepresidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, a la Cadena Ser.

"Si se decide que vaya a los juzgados territoriales, tendremos que ver cómo afrontarlo porque de lo que sí tenemos noticias es de que cada vez que se ha abierto una fosa en otras partes del país la Fiscalía Territorial ha contestado que estaba prescrito. Por eso habrá que agotar los tribunales españoles pero si queda así, iremos a los tribunales europeos", dijo María Antonia Oliver, presidenta de la asociación en Baleares.

Garzón, que se ha inhibido del caso un mes de después de declararse competente para investigar unos presuntos delitos de "detención ilegal" que consideró entraban en el contexto de crímenes contra la humanidad, ya ha recibido los nombres de más de 114.000 personas desaparecidas durante el periodo que va de 1936 a 1939 y hasta diciembre de 1951.

Durante ese periodo existió un "plan sistemático y preconcebido de eliminación de oponentes políticos a través de múltiples muertes, torturas, exilio y desapariciones forzadas (detenciones ilegales) de personas", según el auto del titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional.

Ahora, el caso se dispersa por juzgados de instrucción locales, pero Garzón pone a disposición de Justicia el grupo de expertos y peritos que están informatizando la causa, así como todos los datos y documentos con el fin de evitar solapamientos.