El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón ha decretado prisión incondicional para Francisco Correa, presunto líder de la trama de corrupción y tráfico de influencias descubierta en la "operación Gürtel", y para dos de sus colaboradores, su primo Antoine Sánchez y Pablo Crespo.

El magistrado ha adoptado esta decisión a petición de las dos fiscales Anticorrupción, Miriam Sánchez y Concha Sabadell, después de haber prorrogado este lunes su detención, que tuvo lugar el pasado viernes, para practicar nuevas diligencias.

Garzón acusa a los tres de los delitos de blanqueo de capitales, tráfico de influencias, defraudación y cohecho, los mismo que atribuye a los otros 34 imputados que figuran, por el momento, en esta causa.

No obstante, la Fiscalía Anticorrupción no descarta que el número de imputados en esta causa, que ya se eleva a 37, se amplíe "al menos en dos o tres personas" más, según han informado a Efe fuentes fiscales.

Antes de celebrar las vistillas para la adopción de medidas cautelares, han comparecido ante Garzón las tres primeras imputadas llamadas a declarar de la lista de 34 que el martes notificó el magistrado: Carmen Rodríguez Quijano (esposa de Correa), Felisa Jordán -puestas en libertad por la Policía tras ser detenidas junto a Correa, Crespo y Sánchez- y Carmen Luis Cerezo.

Las tres han quedado en libertad tras ser interrogadas ayer y el juez las ha impuesto comparecencias mensuales y la obligación de comunicar al juzgado si tienen intención de abandonar España.

Jordán fue la que más tiempo permaneció declarando ante el juez, unas tres horas, seguida de Rodríguez Quijano, que estuvo hora y cuarto, mientras que Luis Cerezo sólo entró diez minutos en el despacho de Garzón y acto seguido abandonó la Audiencia Nacional.

También ha sido conducido este mediodía a la Audiencia Nacional el último detenido en la "operación Gürtel", Álvaro Pérez Alonso, conocido como "El bigotes" y responsable de la empresa Orange Market, que fue detenido el lunes en Valencia.

Sin embargo, aunque ha permanecido desde las 13.00 horas en los calabozos de la Audiencia, finalmente Garzón no le ha interrogado y previsiblemente lo hará hoy jueves por la tarde.

Durante su declaración, la mujer de Correa ha tratado de desvincularse de las actividades de su marido -responsable de la empresa Special Events, que organizó eventos para el PP hasta el 2004-, alegando que no viven juntos y que se encuentran en trámites de separación.

Según el abogado de Rodríguez Quijano, Enrique Molina, ex fiscal de la Audiencia Nacional que trabajó con Garzón en el desmantelamiento del entramado político, social y mediático de ETA, éste ha explicado al juez que desde que se casó con Correa tenía régimen de separación de bienes y ha asegurado que "la relación personal es inexistente" porque llevan cuatro años "sin tratarse".

Durante el interrogatorio se le ha preguntado además por su relación con las empresas de su marido, Special Events y Pasadena Viajes, en las que ella aparece como administradora hasta 2001.

Ha explicado que aceptó este cargo porque se lo pidió su amigo José Luis Izquierdo, otro de los imputados en esta causa, y ha asegurado que ella firmaba los documentos que éste le decía.

De esta manera se ha desvinculado de las contrataciones y cuentas de estas dos empresas, que están siendo investigadas por Garzón, y ha añadido que no recibe ningún sueldo por su condición de administradora de estas sociedades.

También ha declarado que su único sustento es el sueldo que recibe de la empresa Construcciones Salamanca, propiedad del padre de la mujer de Correa, Emilio Rodríguez Bugallo, quien fue imputado en la "operación Malaya" contra la corrupción en el Ayuntamiento de Marbella y que falleció el pasado año.

Respecto a su relación con el Ayuntamiento de Majadahonda, cuyo ex alcalde Guillermo Ortega Alonso (PP) también está imputado, la esposa de Correa, que fue jefa de gabinete en este consistorio, ha destacado que sólo tenía "una relación institucional".

El resto de los imputados serán interrogados por el magistrado en grupos hasta el próximo 5 de marzo, aunque hasta el próximo lunes Garzón no tiene previsto reanudar las tomas de declaraciones.