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Garzón demora la decisión de declararse competente en la causa de las víctimas del franquismo

El juez de la Audiencia Nacional retrasa el auto tras recibir nueva documentación

EUROPA PRESS

El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón ha decidido demorar el auto en el que decidirá sobre si es competente o no para investigar los crímenes de la Guerra Civil y el franquismo porque, según aseguraron fuentes de su juzgado, durante la mañana de este martes ha recibido nueva documentación sobre la causa.

El magistrado tiene pendiente pronunciarse sobre las denuncias que 22 asociaciones de memoria histórica y diez particulares han presentado en la Audiencia Nacional desde el mes de julio de 2007, y que han acompañado con listado en el que figura el nombre de un total de 133.708 víctimas.

Estos colectivos solicitan una investigación sobre las desaparicones, 'sacas', asesinatos, torturas y exilios forzosos que se cometieron a partir de 1936, por los que, a su juicio, debería responder el Estado español dentro del marco actual de las obligaciones de reparación por la violación del Derecho Internacional.

Garzón pidió el pasado 1 de septiembre a instituciones como el Valle de los Caídos, la Conferencia Episcopal Española (CEE), el Centro Documental de Memoria Histórica y a los alcaldes de Madrid, Sevilla, Granada y Córdoba la elaboración de listados de víctimas y la aportación de datos sobre los desaparecidos durante la Guerra Civil.

Posteriormente, amplió la información a los tribunales republicanos creados en la contienda durante la defensa de Madrid, y solicitó a la Conferencia Episcopal Española (CEE) que instara a los obispos a que le enviaran la información solicitada.

La Fiscalía, por su parte, solicitó en febrero pasado la inadmisión a trámite de la querella, al considerar que los hechos prescribieron en 1977, con la aprobación de la Ley de Amnistía, y que en el momento en que se produjeron eran delitos comunes de asesinato, detención ilegal o lesiones, según el Código Penal de la República.

De igual modo, el Ministerio Público sostiene que la competencia en el presente caso no corresponde a la Audiencia Nacional ya que, a su entender, los crímenes deberían ser perseguidos por los juzgados de los lugares en los que se cometieron los hechos.

El listado entregado a Garzón recoge datos de las 17 comunidades autónomas, entre las que destaca Andalucía, con 29.091 víctimas; Valencia, con 28.892; y Castilla y León, con 15.269. Además, el juez ha recibido el nombre de 10.266 víctimas de Extremadura, 10.178 de Aragón, 9.759 del País Vasco, 7.885 de Castilla-La Mancha, 4.396 de Galicia, 3.431 de Navarra, 2.995 de Madrid, 2.535 de Cantabria, 2.400 de Cataluña, 2.007 de La Rioja, 1.777 de Baleares; 1.246 de Asturias, 855 de Murcia, 457 de Ceuta, Melilla y el norte de Africa, 262 de Canarias y 7 de otros territorios.

Según el abogado de las asociaciones, Fernando Magán, entre estos nombres se encuentran los de unos 4.000 desaparecidos que han sido exhumados en los últimos años, así como varios centenares que han sido identificados en las tareas de búsqueda que se están llevando a cabo en fosas situadas en Navarra, Burgos, Madrid o Valencia.

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