Garzón recibe el censo de la Memoria

El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón ha recibido esta mañana a los representantes de siete asociaciones de Recuperación de la Memoria Histórica, pertenecientes a distintas comunidades autónomas, que le han aportado un listado con los nombres de 130.137 desaparecidos en la Guerra Civil, informaron fuentes de los denunciantes.

Los miembros de las agrupaciones se reunieron durante una media hora con el juez, a quien entregaron listados en distintos formatos, papel, bases de datos etc.

A su salida del encuentro, el representante de la asociación granadina, Rafael Gil Bracero, ha asegurado que muchos abuelos "murieron deseando un día como el de hoy".

"Les estamos haciendo justicia histórica", añadió.

Petición del juez 

La información recabada en los últimos días por estas agrupaciones responde a una petición realizada por el juez, que concedió el pasado 2 de septiembre un plazo de 15 días a las partes —que finalizaba hoy— para aportar "una relación sistemática de personas desaparecidas y su ubicación".

Los denunciantes presentaron informes en los que se señala la ubicación de fosas comunes  

Los denunciantes han presentado otros informes en los que se señala la ubicación de fosas comunes que aún no han sido abiertas.

Han aportado también datos ofrecidos por asociaciones que no han presentado denuncias en el Juzgado Central de Instrucción número 5 pero que se han mostrado dispuestas a colaborar en la elaboración de las listas de desaparecidos.

En total las asociaciones personadas en la causa, que aún no ha sido admitida a trámite, son 22.

Celeridad

El juez pidió, en una providencia dictada el pasado día 2, celeridad en la aportación de pruebas "con el fin de resolver sobre la competencia con la mayor rapidez" y "obtener los datos necesarios para dictar el correspondiente auto".

Garzón había solicitado sólo un día antes, el 1 de septiembre, a instituciones como el Valle de los Caídos, la Conferencia Episcopal Española (CEE), el Centro Documental de Memoria Histórica y a los alcaldes de localidades como Granada, Córdoba, Sevilla y Madrid la elaboración de diversos listados y la aportación de datos sobre los desaparecidos durante la Guerra Civil.

El magistrado tomó esta decisión como paso previo a decidir si es competente para investigar las denuncias que ocho asociaciones de memoria histórica presentaron el 18 de julio de 2007 en la Audiencia Nacional.

Estos colectivos solicitaban una investigación sobre las desapariciones, sacas, asesinatos, torturas y exilios forzosos que se cometieron a partir de 1936 y consideraban que cabe exigir responsabilidades al Estado español dentro del marco actual de las obligaciones de reparación por la violación del Derecho internacional.

Denuncias prescritas 

La Fiscalía de la Audiencia Nacional solicitó en febrero pasado el archivo de las denuncias, al considerar que han prescrito en aplicación de la Ley de Amnistía de 1977.

También destacó que los hechos señalados eran contemplados como delitos comunes con tipificación ordinaria de asesinato, detención ilegal o lesiones en el Código Penal de la época en la que se cometieron, en referencia al ordenamiento de la Segunda República.

"Les son aplicables en toda su amplitud los artículos 1 y 2 de la Ley de Amnistía"

"Al quedarnos sólo en presencia de delitos comunes les son aplicables en toda su amplitud los artículos 1 y 2 de la Ley de Amnistía, lo que produjo ya en 1977 la extinción de la responsabilidad criminal", argumentaba en su escrito el Ministerio Fiscal.

De igual modo, el Ministerio Público sostenía que la competencia en el presente caso no corresponde a la Audiencia Nacional debido a que los crímenes contra la humanidad deben ser perseguidos por el órgano de la jurisdicción que corresponda, es decir, los juzgados del lugar en el que se hayan cometido los hechos.