El ex jefe del Estado Mayor de la Defensa, teniente general Félix Sanz Roldán, declaró ayer ante el tribunal que juzga el caso Yak-42 que el máximo responsable del Ejército de Tierra cuando se produjo el accidente en el que murieron 62 militares españoles, Luis Alejandre, le comentó que él propuso posponer la entrega de los cadáveres que no habían podido ser identificados antes de que se celebrase el funeral.

Las palabras de Alejandre, según el testimonio de Sanz Roldán, fueron negadas por el siguiente testigo, el general de Brigada Manuel Ramón Bretón, jefe de Gabinete del entonces ministro de Defensa, Federico Trillo. Por eso, el tribunal que preside Javier Gómez Bermúdez, a petición de la defensa del principal acusado, el general Vicente Carlos Navarro, acordó citar a Alejandre para el próximo día 31. El general declaró como testigo en la causa en febrero del año pasado, en la parte relativa a la contratación del aparato, que aún no ha sido juzgada.

Sanz Roldán que, tras tomar posesión de su cargo habló con todas las familias a las que se había entregado un cadáver equivocado, explicó que se entrevistó con el cesado jefe del Estado Mayor del Ejército de Tierra por encargo del ministro José Bono. En el encuentro, Alejandre le dijo que 'en una reunión celebrada en una sala anexa al ministro había sabido que no todos' los cadáveres 'estaban identificado, y propuso que se entregaran los positivamente identificados y los demás, cuando lo fueran'.

Explicó que Alejandre situó el comentario en una reunión del consejo de dirección del Ministerio, pero como añadió que no sabía quién estaba presente, no podía asegurar ni el carácter de la reunión ni la fecha en la que se había producido. 'Debió ser en los días inmediatos al accidente, pero parece deducirse que aún no había habido funeral', se escudó Sanz Roldán.

El día concreto lo dijo uno de los siguientes testigos, el que era jefe de Gabinete de Trillo. Según Bretón, hubo una reunión presidida por el ministro el 27 de mayo de 2003, donde se decidió que los funerales fueran al día siguiente, pero no la hora, porque 'todo dependía de la repatriación de cadáveres'. Aseguró no recordar 'absolutamente nada' de que se hubiera tratado la existencia de problemas con las identificaciones o que Alejandre hubiera hecho el comentario mencionado por Sanz Roldán.

'Imagino [que la hora se estableció] a lo largo de la noche, cuando fuimos conscientes de que se iba a facilitar la repatriación de los cuerpos', señaló Bretón.

Uno de los familiares de las víctimas, que también declaró ayer, Carlos Perla Muedra, aseguró que les comunicaron la hora del funeral, que presidieron los reyes, a las cinco de la tarde del 27 de mayo, un día después del siniestro.

Durante la sesión de ayer, también compareció el cónsul español en Estambul en mayo de 2003, Raimundo Ezquerra. En un interrogatorio muy trabado por los constantes 'no me acuerdo' del testigo, acabó admitiendo, a preguntas del teniente fiscal de la Audiencia, Fernando Burgos, que hizo el documento en el que dejaba constancia de las 'circunstancias excepcionales' del caso, para 'ayudar al traslado de los restos', al no haber certificados sanitarios. Señaló que era imposible hacerlos sin la identificación de los cuerpos. Él los inscribió en el registro con los datos que le dio Defensa.

> A la vista del juicio, ¿podría ser aún citado Trillo?
Es prácticamente imposible, porque el tribunal volvió a rechazar su comparecencia en la primera sesión del juicio. Su argumento fue que el testimonio de Trillo sólo podría ser exculpatorio para los acusados y no había sido solicitado por las defensas, sino por las acusaciones. El general Navarro se ha atribuido la responsabilidad exclusiva en las prisas por identificar los cadáveres y ha negado cualquier sugerencia por parte de sus superiores o del ministro relativa a acelerar los trámites para entregar los cuerpos.

> ¿Identificar erróneamente un cadáver es delito?
Los tres acusados se enfrentan a hasta seis años de cárcel por un delito de falsedad de documento oficial. Parece evidente que no realizaron ninguna prueba para asegurar la identificación de los 30 cadáveres que no pudieron ser reconocidos visualmente, pero para condenarles habrá que determinar que falsearon documentos que afectaron a la seguridad jurídica. Por ejemplo, al inscribirse en los registros de los cementerios con la identidad cambiada.

> ¿Cómo se explica que se archivase el caso?
El juez Grande-Marlaska entendió que no había relevancia penal porque los certificados de defunción hacían constar la muerte y el nombre de una persona fallecida.