La Generalitat recurre al Constitucional los recortes en Educación

El Consell Executiu ha aprobado hoy llevar al Tribunal Constitucional (TC) siete artículos del decreto de racionalización del gasto en el ámbito educativo aprobado por el Gobierno central a instancias del ministro José Ignacio Wert el pasado abril al considerar que invade competencias de la Generalitat.

El conseller de Presidencia y portavoz del Govern, Francesc Homs, ha explicado en la conferencia de prensa posterior al Consell que el recurso al TC se presenta después del dictamen favorable del Consejo de Garantías Estatutarias de Catalunya. Tras el dictamen de este consejo, se abrió un proceso de negociación que "no ha llegado a buen curso, así que se ha acordado presentar el recurso al Constitucional", ha afirmado Homs.

Por su parte, la consellera de Educación, Irene Rigau, ha manifestado después de la reunión del ejecutivo catalán que espera del Gobierno una modificación de los aspectos en los que, en su opinión, el decreto invadía competencias, pero "no ha habido respuesta a las alegaciones presentadas por Catalunya".

La Generalitat recurre al TC porque considera que las medidas de racionalización del gasto público en el ámbito educativo que impulsó el ministro José Ignacio Wert invade competencias en la determinación de la jornada lectiva del personal docente y en el plazo para la sustitución transitoria del profesorado.

Hasta la entrada en vigor de este real decreto, el pasado mes de abril, era la Generalitat la que determinaba la jornada lectiva del personal docente.

"Las condiciones laborales las tiene que fijar la Generalitat y en un momento recentralizador en el que el Gobierno podría querer recuperar esa competencias procuraremos que no sea así", ha subrayado Rigau.

En el ámbito universitario, el Govern entiende que la normativa del ejecutivo central no respeta la autonomía financiera de la Generalitat sobre la financiación de becas y ayudas al estudio. Después del dictamen del Consejo de Garantías Estatutarias del pasado 8 de junio, en el que concluyó por unanimidad que el texto era inconstitucional, se abrió un proceso negociador bilateral entre las administraciones que no ha dado frutos, por lo que la Generalitat ha optado por recurrir siete artículos del decreto de recortes de Wert.