Todo se puede resumir en una cifra: 11.581. Es el número -brutal y probablemente incompleto- de personas desaparecidas en Córdoba durante la represión franquista, según el historiador Francisco Moreno Gómez. Este académico publicó ayer 1936. El genocidio franquista en Córdoba (Crítica), donde, tras 30 años de trabajo, concluye que Franco planeó una matanza a sangre fría, al estilo de la Solución Final nazi contra la comunidad judía. Y que programó su ocultación con total impunidad.

La mayoría de las víctimas no tienen nombre. Fueron enterradas sin identificar y sus familiares murieron o se exiliaron. Perecieron sobre todo en 1936, bajo el llamado Terror de Don Bruno, es decir, del teniente coronel Bruno Ibañez, enviado 'con carta blanca' por el general Queipo de Llano. Lo llamativo es que las derechas prepararon el alzamiento con meses de antelación -campañas de violencia callejera incluida- para promover la inestabilidad política y poner así a su favor al cuartel africanista, al casino latifundista y a la sacristía 'cómplice e integrista'.

Moreno Gómez dice que la represión franquista fue una auténtica guerra preventiva, sin escrúpulos ni miramientos. 'Los fascistas mataron en todas partes, durante muchos años, de manera programada y ciega, en caliente y en frío', explica a Público el historiador, que ha hecho recuento.

Explica que se encarceló a miles de personas en la antigua prisión de Córdoba, en el Alcázar de los Reyes Cristianos, pero que muchos no llegaron a su destino. Unos 4.000 descansan cerca de los cementerios. El resto, unos 750, murieron debido a la insalubridad de las cárceles. A ellos hay que sumar 220 maquis muertos en la sierra y otros 160 aniquilados por servir de enlaces con los republicanos. También hubo 1.600 represaliados en la posguerra, 220 exterminados en los campos del III Reich y otras 4.500 personas que aún reposan en fosas comunes de la provincia.

Si en Sevilla la resistencia obrera terminó en masacre y con amenazas de 'justicia sumarísima', en Córdoba su gobernador civil hizo oídos sordos, 'poniendo en evidencia su complicidad'. Así, el 19 de julio, la provincia se despertó con 48 de los 75 municipios en manos del bando sublevado, aunque los Comités de Defensa de la República consiguieron mantener algunas zonas, como la cuenca minera de Peñarroya, que por algún tiempo se mantuvo leal a la República.

No obstante, terminada la resistencia, 'el castigo se convirtió en un genocidio premeditado', que aumentó tras la visita de los generales Varela y Queipo de Llano: 'Lo ocurrido sobrepasa y desborda la capacidad de síntesis de cualquier historiador. Sobrepasa la capacidad de cualquier mente humana. Y nunca conoceremos sus cifras exactas porque se emplearon todos los métodos posibles de la desaparición'.

El autor explica que el exterminio comenzó con personalidades del Frente Popular, pero que después se extendió en forma de fusilamientos en masa. Por último, llegó la fase más espeluznante y bautizada como solución final, cuyo vendaval de sangre sumió en el pánico a toda la población. La mayoría cayó en los conocidos paseos: en el cortijo de El Telégrafo, en la carretera de Almadén, en la cuesta de Los Visos y en Alcoloea. Murieron concejales, ferroviarios, maestros, ingenieros... Y, sobre todo, gente de la cultura, como el poeta José María Alvariño, una de las mayores promesas de la poesía cordobesa del siglo XX, que desapareció en 1936.

El inframundo de las denuncias fue otro rasgo de la represión. Aparecían esbirros, aduladores y arribistas que se ofrecían como verdugos y delatores. Los registros domiciliarios y las detenciones eran un espectáculo cotidiano y el pueblo aprendió a vivir cercado: se fusilaba con acusaciones, como 'por espía' o 'por sospechoso'. Hasta familias del campo, 'por irse con los rojos'. Era la arbitrariedad total, que es lo que más terror produce, 'porque nadie, en esas circunstancias, puede sentirse seguro', concluye el historiador.