El 29 de marzo de 2007, Jaume Matas, en plena precampaña de las autonómicas, inauguró 'la obra deportiva más importante de Mallorca', el velódromo Palma Arena (en la imagen). El presidente eligió para los fastos un montaje de La Fura dels Baus. Luego allí se celebró el Mundial de Ciclismo. Mucho ruido para poquísimas nueces: el pabellón ni siquiera sirve para lo que se construyó.

No cuenta con la homologación de la Unión Ciclista Internacional por sus deficiencias (la colocación de listones de madera o la seguridad del vidrio que envuelve la pista). El caso se abrió judicialmente en 2008, a raíz de una denuncia del PSOE, que ya estaba en el Ejecutivo balear. Había sospechas de malversación: el velódromo costó 110 millones, más del doble de lo previsto (48 millones).

El juez investiga por qué de buenas a primeras el Govern de Matas rescindió el contrato firmado con el arquitecto inicial del proyecto, el holandés Sander Douma, y por qué se encargó la obra a los hermanos Jaime y Luis García-Ruiz, que cobraron unos honorarios de 9 millones de euros. El pasado 14 de agosto, el juez les impuso una fianza civil de 1,2 millones. Los arquitectos afirmaron que asumieron la construcción del velódromo cuando los llamó Matas para pedirles que prosiguieran con las obras.

El Juzgado de instrucción número 3 de Palma abrió en agosto de 2008 la causa del Palma Arena por presunta malversación, falsedad y cohecho. El 5 de agosto de este año se sucedieron las primeras detenciones. Tres de los arrestados -el ingeniero Miguel Ángel Verger; el ex director general de Deportes del Consell de Mallorca, Antoni Palerm y el arquitecto Ignacio A. S.) fueron puestos en libertad a las pocas horas. El juez impuso a los otros cinco libertad bajo fianza. Las cauciones más elevadas, de 50.000 euros, fueron pagadas por el ex gerente del Palma Arena, Jorge Moisés, y el ex director general de Deportes del Govern y campeón olímpico, José Luis ‘Pepote' Ballester. Abonaron 15.000 euros cada uno: el portavoz del PP en el Ayuntamiento de Palma, Rafael Durán; el jefe de obras del velódromo, Miguel Ángel Rodríguez, y el que era director de la agencia Nimbus, que hizo la publicidad del pabellón y la campaña del PP en 2007. Todos los testimonios apuntaban a la intervención de Matas.

Eso es lo que también se investiga. Hasta el 10 de septiembre, eran causas separadas, pero ese día el juez pidió a la Fiscalía que le remitiera sus diligencias. Matas está acusado de un delito de cohecho por un valor de 1,5 millones de euros, la cantidad que pagó de menos al adquirir el palacete de Sa Colònia, en el centro de Palma. Los expertos de la Agencia Tributaria detectaron 'incrementos de patrimonio no justificados' en la familia Matas.

La sospecha está ahí. El director de Nimbus, Miguel Romero, había declarado que Fernando Areal -cuñado de Matas y ex gerente del PP balear- le había pagado en negro más de 70.000 euros de la campaña de 2007. Además, se investiga si diversos organismos del Ejecutivo balear pudieron contratar a dedo a la agencia Nimbus y si ésta luego presentó facturas con sobrecostes sin justificar. Areal, ante el juez, negó que hubiera contabilidad B en el PP balear.

A la luz de las investigaciones judiciales en marcha, sí. Ahí están los casos de Andratx (con dos condenados, el ex director de Urbanismo, Jaume Massot, y el ex alcalde de Andratx, Eugenio Hidalgo), Turismo Jove, Scala y Bitel 2. Todos ellos con altos cargos del Govern imputados. Por el ‘Palma Arena' hay ya 35 implicados. Los escándalos desbordaron a la presidenta del PP balear, Rosa Estaràs, que presentó su dimisión el 11 de septiembre. También arrastró a su número dos. Rafael Durán también dejó la portavocía de Palma. Matas, mientras, vive en Washington como asesor de PricewaterhouseCoopers.