María Luisa Muñoz denuncia que el Estado le niega su derecho a cobrar una pensión de viudedad al rechazar la validez del matrimonio por el rito romaní. Por ello, esta gitana española ha llevado su caso al Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo. Isidro Rodríguez, responsable de la Fundación Secretariado Gitano, cree que la Administración teme que las minorías justifiquen más matrimonios por otros ritos.

Su fundación se implicó desde el principio en la defensa de María Luisa Muñoz. ¿Por qué?

Lo hicimos por la enorme injusticia que supone, conocida como 'injusticia por indiferenciación' de un caso. ¿Cómo le vas a negar una pensión a una persona que estuvo casada tantos años?

Denuncian que un excesivo prurito formal es injusto y va contra el espíritu de la ley.

Exacto. Estamos ante un caso de discriminación indirecta, que aplica un mismo trato sin tener en cuenta elementos sociológicos, históricos o culturales.

Un fallo a favor de la demandante abriría la puerta a muchos otros gitanos españoles que podrían reclamar el mismo derecho.

En realidad, la situación en España ha cambiado mucho. Hoy, la mayoría de los gitanos se inscriben en el Registro Civil o acuden a alguna de las confesiones, aunque esto no pasa en las comunidades más aisladas. Sin embargo, el veredicto que buscamos sí que beneficiaría mucho a otros gitanos europeos.

¿A qué teme la Administración?

Más que a reconocer el derecho a la pensión de María Luisa, las Administración siente temor a que otras minorías justifiquen más matrimonios por otros ritos. No obstante, esta respuesta es torpe, porque la historia y las circunstancias de los gitanos en España están mucho más arraigadas. Si ganamos, el Ejecutivo tendrá que revisar los efectos civiles del matrimonio gitano y ampliar su reconocimiento.