El Gobierno aprueba la conducción de agua del Ebro a Barcelona y niega que sea un trasvase

El Gobierno ha aprobado hoy el Decreto-Ley que regula la conducción de agua de excedentes de regadíos del Delta del Ebro desde Tarragona a la localidad barcelonesa de Abrera, y ha vuelto a negar que se trate de un trasvase, lo que el presidente de Murcia ha definido como "pirueta de márketing verbal".

Valcárcel ha dicho que los mismos que negaron el trasvase del Ebro a Murcia, Comunidad Valenciana y Almería, ahora "construyen otro" a Barcelona, que ha considerado "tan justo como el previsto para el Levante".

El vicepresidente primero de la Generalitat valenciana, Vicente Rambla, ha acusado a la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, de haber "mentido e intentado confundir" al negar que el envío de agua a Barcelona sea un trasvase.

En Aragón, su presidente, el socialista Marcelino Iglesias, ha indicado que los problemas de abastecimiento de Barcelona se resuelven "fuera de la cuenca del Ebro" y "no se incrementan dotaciones a las cuencas de Cataluña, así que "no es un trasvase".

En la conferencia de prensa posterior al Consejo de Ministros, Fernández de la Vega ha defendido que se trata de la "mejor opción" y las más sostenible, ya que no se va a detraer "ni una sola gota más del Ebro" y no va a influir sobre el caudal del río.

Es agua de la que ya disponen los regantes del Delta: "No estamos hablando de un trasvase, sino de conducción", que servirá, ha dicho, para "conducir agua ya en circulación".

En este caso, los regantes ceden agua para el consumo humano a Barcelona, que se llevará por una tubería (prolongación del minitrasvase ya existente desde el Ebro hasta Tarragona).

Ha insistido en que es un solución "temporal", hasta que comience a funcionar la desalinizadora de El Prat (junio de 2009), y que no va a tener efectos medioambientales porque se va a utilizar el trazado de la AP-7 para su construcción, que tardará seis meses, con un coste de 180 millones de euros.

En Huesca, la Federación de Comunidades de Regantes del Ebro ha señalado no tiene dudas de que se trata de un trasvase y que tal gasto condicionará las inversiones estatales en obras de regulación hidráulica en los próximos tres años.

Según Fernández de la Vega, sería "imperdonable e irresponsable" no llevar agua a Barcelona y la forma elegida se ha aplicado en ocasiones anteriores para el suministro en Benidorm (Alicante) o Valencia.

Por el contrario, la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, ha considerado "provocador" responsabilizar de la 'guerra del agua' al PP y negar que la medida adoptada sea un trasvase.

"En mi sentido común no caben los eufemismos para engañar a los demás", ha apostillado la regidora, que ha calificado de "bananeros" a los gobernantes que diferencian las soluciones según las autonomías.

La decisión ha causado "rabia e indignación" entre alcaldes de la Comunidad Valenciana y Murcia afectados por la "escasez de agua", que han decidido constituir una plataforma que canalizará las reivindicaciones hídricas locales.

La Cámara de Comercio de Tortosa (Tarragona) se ha opuesto a la prolongación del minitrasvase y ha acusado al Gobierno catalán de engañar a la ciudadanía al decir que la interconexión será temporal.

El presidente de Castilla-La Mancha, José María Barreda, ha calificado como "chocante" que los gobiernos valenciano y murciano piensen recurrir ante el Constitucional la conducción aprobada hoy.

"Cuando nosotros recurrimos un trasvase (Tajo-Segura) de agua para regar y otros usos, que ni siquiera nos dejan controlar, (valencianos y murcianos) se llevan las manos a la cabeza", ha señalado.

ERC en el Congreso ha denunciado que esta "amenaza" de los presidentes valenciano y murciano supone un nuevo intento del PP de "enfrentar territorios".