Internet empieza a estar regulado en España. El vacío legal de la red empieza a limitarse. El Gobierno ha aprobado el proyecto de Ley del Juego, que regula por primera vez las modalidades de juego que se desarrollan a través de internet o de medios electrónicos como el ordenador o el teléfono móvil, y que prevé multas de hasta 50 millones de euros para quienes operen sin licencia.

El proyecto de ley prevé además la creación de un impuesto para las empresas que operan en este sector sobre los ingresos brutos de cada compañía. El tipo de gravamen se aplicará por actividad y oscilará entre el 5 por ciento sobre la base imponible y el 22 por ciento sobre las apuestas deportivas mutuas, las que un porcentaje de las cantidades apostadas se distribuye entre los apostantes ganadores.

El proyecto de ley constata los cambios desde 1977, año de aprobación del juego en España, y pretende dar respuesta a la aparición de nuevos operadores en el mercado que no están regulados por la ley, sobre todo los asociados con Internet y los medios digitales.

El texto hace hincapié en nuevos mecanismos que ofrezcan seguridad jurídica a los operadores y a los consumidores, además de proteger a los menores de edad y a las personas (unas 40.000 en España) que han pedido de forma voluntaria que no se les permita acceder al juego.

La ley reserva en exclusiva el juego de loterías de ámbito estatal a Loterías y Apuestas del Estado, que se privatizará en un 30 por ciento por su conversión en Sociedad Estatal,  y a la Organización Nacional de Ciegos de España (ONCE).

El Gobierno ha previsto que sea la Comisión Nacional del Juego la que vigile la seguridad, la fiabilidad y la transparencia de todas las operaciones del juego, además de ser el órgano que otorgará las licencias. Además, la Conferencia Sectorial del Juego será el órgano de cooperación, coordinación y participación de las comunidades autónomas.

El texto que el Gobierno ha enviado al Congreso prevé que todas las actividades de publicidad, patrocinio o promoción de las empresas que prestan estos servicios deben contar con autorización previa de la Comisión Nacional el Juego. Algunas de esas empresas se han popularizado en España gracias a la publicidad y al patrocinio de equipos de fútbol de primera división. Entre ellas destacan: Bwin, Unibet, Betfair, Interapuestas o 12bet.

Las sanciones económicas previstas oscilan entre 100.000 euros para las leves hasta los 50 millones para las "muy graves", entre las que figura ofrecer juegos sin tener licencia para ello o manipular los sistemas técnicos que se hubieran homologado para obtener los premios.