El Gobierno argentino se lanza en busca de apoyos políticos y trata tranquilizar a los empresarios

El Gobierno argentino busca apoyos parlamentarios para lograr la rápida aprobación del proyecto de ley de estatización de los fondos privados de pensiones, mientras lanza mensajes de tranquilidad a grandes empresas afectadas por la incertidumbre de los mercados y el derrumbe de la bolsa.

Catorce años después de la creación de los fondos privados de pensiones en Argentina y en medio de un contexto de crisis financiera internacional, la presidenta Cristina Fernández envió el martes al Congreso un proyecto de ley para nacionalizar el sistema privado de jubilaciones.

La iniciativa ha desatado un aluvión de reacciones y disparado las alarmas en los sectores bancario y financiero, en tanto el Gobierno insiste en que se trata de una medida "estructural" que pretende evitar la descapitalización de los fondos en la actual coyuntura internacional.

Pese a las explicaciones que ofreció el martes Cristina Fernández y que profundizó después su jefe de Gabinete, Sergio Massa, son muchas las dudas que plantea la propuesta gubernamental, que ha precipitado hoy una caída histórica de la Bolsa argentina -el 16 por ciento a media jornada- y ha disparado el índice de riesgo país.

El proyecto permitirá al Estado hacerse con unos 98.000 millones de pesos (alrededor de 31.000 millones de dólares) de los fondos privados de pensiones que operan en el país: diez compañías controladas por bancos y aseguradoras de capitales europeos, estadounidenses y argentinos, con 9,5 millones de afiliados.

Los fondos constituyen una cifra nada desdeñable en un momento en que Argentina debe afrontar elevados pagos internacionales y sufre las consecuencias de una caída de los precios externos de las materias primas que, según analistas privados, se traducirá en una desplome de los ingresos superior a los 15.000 millones de pesos (unos 4.750 millones de dólares) anuales.

Además, la nacionalización permitirá al Estado convertirse en accionista de importantes compañías del país, porque en la cartera de las Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (AFJP) hay inversiones por unos 3.280 millones de dólares en participaciones accionariales que van del 6 al 25,3% de catorce empresas líderes de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires.

Para calmar los ánimos, el ministro de Planificación, Julio de Vido, se reunió hoy con directivos de Telefónica y Repsol YPF, con capital español, con el objetivo, según fuentes empresariales, de hacerles llegar un mensaje de seguridad jurídica para sus inversiones en el país.

Entretanto, desde algunos sectores de la oposición aumentan las voces que denuncian que la decisión constituye un "saqueo" encubierto de fondos para conseguir "más dinero y más poder", como sostiene Elisa Carrió, dirigente de Coalición Cívica.

Sin embargo, radicales y socialistas miran con buenos ojos el espíritu del proyecto, pero advierten que no firmarán un cheque en blanco para el Gobierno e insisten en la necesidad de arbitrar mecanismos que garanticen la estabilidad del sistema público de pensiones.

En medio de la agitación política, banqueros y empresarios advierten de que el mensaje que transmite el Gobierno al exterior no es precisamente de tranquilidad en un momento en que se necesita de inversiones para limitar los efectos de la crisis internacional que, según la patronal de empresarios, ya se deja sentir con fuerza en el país.

Según fuentes parlamentarias consultadas por Efe, el proyecto de ley podría empezar a debatirse en las Comisiones de Presupuestos y Previsión el próximo martes, aunque no hay fecha para su votación.

Pese a las dificultades que ha tenido el Gobierno de Fernández para sacar adelante temas clave de la legislatura -como la subida de impuestos a las exportaciones de granos finalmente rechazada con el voto decisivo del vicepresidente del Ejecutivo-, los expertos consideran altamente probable que se apruebe esta iniciativa con el respaldo de la mayoría peronista en el Parlamento.

Una vez aprobada la ley, los afectados dispondrían de un plazo de 15 días para demandar al Estado o a los fondos privados de pensiones si consideran dañados sus intereses.