El Gobierno autorizará mañana a la Abogacía del Estado iniciar la ilegalización de ANV y PCTV

El Consejo de Ministros autorizará mañana a la Abogacía del Estado a poner en marcha las acciones pertinentes para la ilegalización de Acción Nacionalista Vasca (ANV) y del Partido Comunista de las Tierras Vascas (PCTV-EHAK) por su presunta vinculación con ETA y con la ilegalizada Batasuna.

En la habitual reunión de los miembros del Ejecutivo de los viernes, el ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, propondrá que los servicios jurídicos del Estado comiencen el proceso de ilegalización de ANV y PCTV para impedir que se presenten a las elecciones del próximo 9 de marzo.

La autorización del Consejo de Ministros es un trámite previo de obligado cumplimiento para que la Abogacía del Estado pueda actuar.

Por otra parte, a principios de la próxima semana la Fiscalía General del Estado presentará ante la Sala del 61 del Tribunal Supremo las demandas de ilegalización de las dos formaciones, una iniciativa contemplada en la Ley de Partidos.

Las solicitudes de ilegalización, que se presentarán por el trámite de demanda ordinaria, irán acompañadas de la petición de suspensión cautelar de las actividades de ANV y PCTV tanto ante el Tribunal Supremo como ante la Audiencia Nacional.

Ambas demandas se presentarán por la vía del artículo 9 de la Ley de Partidos y alegarán como causa principal la contemplada en el apartado F de dicha disposición como es la "colaboración habitual con organización que de forma sistemática apoya el terrorismo", en referencia a Batasuna.

En el caso del PCTV se aducirá también el abono de las retribuciones de hasta 49 personas vinculadas a Batasuna, entre ellas destacados miembros de la Mesa Nacional.

En cuanto a ANV, además de la cooperación "efectiva y reiterada", se aportará como causa la contemplada en el apartado A del citado artículo, como es el minimizar las acciones de terrorismo y no condenarlas.

De forma paralela y por la vía penal, el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón -que instruye la causa de ANV por un presunto delito de integración en banda armada- ha dado los primeros pasos para suspender la actividad política de ambos partidos, a cuyos representantes ha convocado los días 4 y 5 de febrero para celebrar la vista que la ley exige como paso previo para adoptar esta medida.

En el supuesto de que ni el Supremo ni la Audiencia Nacional accedan a una suspensión cautelar de actividades, el Ejecutivo acudiría a un procedimiento contencioso electoral para impugnar las listas de estos partidos.