El Gobierno español mantiene su compromiso de otorgar a corto plazo el 0,7% de su producto nacional bruto a la cooperación al desarrollo, pese a la crisis económica quese ha instalado en Occidente. El plan de cooperación que tiene previsto aprobar hoy el Consejo de Ministros fija para 2012 la consecución del emblemático 0,7%, aunque no va acompañado de una memoria económica que lo garantice, lo que provoca escepticismo entre las ONG.

La cooperación al desarrollo tiene todos los números para convertirse en una víctima colateral del tsunami financiero. La UE mantiene formalmente el objetivo de alcanzar el 0,7% en 2015, pero países como Irlanda, Italia y Francia ya han sugerido que congelarán o recortarán la ayuda a los países pobres porque tienen necesidades acuciantes en casa.

España, en cambio, mantiene la misma apuesta que antes de la crisis: el tercer plan director de la Cooperación (2009-2012), elaborado por la secretaria de Estado, Soraya Rodríguez, mantiene el compromiso por el 0,7% al final del periodo. No son sólo declaraciones: está en un papel.

"Pese a las dificultades económicas, éste será el plan director del 0,7%", subraya el documento. Eso sí, el gran salto se reserva para el último año de aplicación, con la esperanza de que la crisis sea sólo un recuerdo. Del 0,5% previsto para este año se prevé un leve aumento en 2010 0,56%. Y se da flexibilidad al Gobierno para que decida el porcentaje de 2011: el plan sólo compromete el 0,7% en 2012.

El documento tampoco ata de manos al Gobierno con una memoria económica: se trata sobre todo de una hoja de ruta política, pero llega en un momento en que los recortes son comunes en Europa.

El texto supone la asunción por parte de España de los criterios de calidad asumidos por los países más avanzados, como los sugeridos por el Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD), vinculado a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Sin embargo, mantiene el polémico instrumento de los créditos FAD, aunque con otro nombre: Fondo para la Internacionalización de la Empresa (FIEM).

El Gobierno se comprometió en la Legislatura pasada a reformar los créditos FAD para que no computaran como ayuda al desarrollo.

Se trata de créditos para la expansión internacional de las empresas que se contabilizaban como ayuda, con el argumento de que la acción de éstas favorece siempre el desarrollo. Las ONG exigen que estos créditos no consten como ayuda oficial, sino simplemente como apoyo a las empresas españolas.

Fuentes de Cooperación subrayan que el peso de los FIEM en el conjunto de la ayuda será muy reducido y siempre dentro de los parámetros aceptados por el CAD.

"Será un instrumento comercial, destinado a la internacionalización de la empresa española", admite el plan, que precisa luego: "Cuando, cumpliendo con los criterios del CAD, se ajusten a las directrices de los documentos de planificación de la cooperación española, podrán ser computados como AOD".