El Gobierno británico, bajo presión para regular a los mercenarios

Cuando se cumplen cinco años de la invasión de Irak, el Gobierno británico está bajo presión para regular la actividad de los mercenarios de empresas de seguridad privadas que operan en zonas de conflicto, organizaciones paramilitares que a menudo actúan con impunidad.

La ONG "War on want", dedicada a luchar contra la pobreza y la injusticia derivadas de la globalización, ha amenazado con llevar al Ejecutivo a los tribunales si no actúa para controlar al sector, una industria de facturación multimillonaria que ha florecido en Estados Unidos y Gran Bretaña con las guerras de Irak y Afganistán.

En Irak, los "guardias de seguridad", que tanto protegen a individuos como vigilan infraestructuras, ascienden ya a un mínimo de 40.000, lo que les convierte en la segunda fuerza de la coalición internacional después de EEUU y antes que el Reino Unido, con menos de 5.000 soldados en la provincia de Basora.

Desde la invasión del país árabe el 20 de marzo del 2003, los efectivos de esas empresas se han visto involucrados en multitud de delitos y abusos de los derechos humanos, desde las torturas de Abu Ghraib a un tiroteo el pasado septiembre en Bagdad protagonizado por la estadounidense Blackwater, en el que murieron 17 civiles.

Hay pruebas que demuestran que las británicas Aegis y ArmorGroup, que gozan de lucrativos contratos con las Administraciones británica y estadounidense, han luchado contra insurgentes y disparado contra iraquíes.

"El Gobierno debe introducir urgentemente una ley que prohíba a estas empresas entrar en combate y que las someta a un control democrático", declaró a Efe la directora de la campaña de "War on Want", Ruth Tanner.

De hecho, el Ejecutivo laborista ya reconoció la necesidad de regular la actividad mercenaria en el 2002, después de que salieran a la luz los abusos cometidos por empleados de compañías británicas en países africanos.

En respuesta a la propuesta del Gobierno, la Comisión parlamentaria de Exteriores recomendó entonces que se prohibiera expresamente que estas empresas combatieran en conflictos -es decir, que su labor se limitara a ser de protección y defensiva- y que se estableciera un sistema de licencias.

Seis años después, el Gobierno del Reino Unido aún no ha tomado cartas en el asunto.

"Estamos analizando la situación, pero es un asunto complejo", dijo a Efe Steve Bird, portavoz del Foreign Office.

"El problema es determinar qué actividades se pueden regular y cuáles no en el caso de empresas privadas que operan en otro país", afirmó, y señaló que, en principio, corresponde a esos países controlar su actividad.

Pero, como ha apuntado el grupo de la ONU sobre mercenarios -encabezado por el español José Luis Gómez del Prado-, los países en guerra difícilmente pueden introducir la legislación adecuada, por lo que la responsabilidad debe recaer también en los Gobiernos que utilizan los servicios de esas compañías.

Estados Unidos ha dado los primeros pasos para regular el sector, mientras que el Gobierno iraquí intenta revocar la Orden 17 impuesta en el 2004 por el enviado estadounidense Paul Bremer, que otorgaba inmunidad legal a los contratados por la coalición.

La falta de regulación en el Reino Unido -pese a que, como pudo confirmar Efe, contaría con el visto bueno de la propia Asociación Británica de Empresas de Seguridad Privadas (BAPSC)- no sólo tiene consecuencias para los derechos humanos, sino que deja sin respuesta interrogantes sobre el alcance de la privatización de la guerra.

Actualmente, estas compañías, para las que el conflicto forma parte de su razón de ser, ven crecer su influencia con contratos para la protección de personas o instalaciones e incluso para la formación de las fuerzas de seguridad locales.

Sin embargo, es posible que en el futuro, si no se toman medidas, su actividad acabe derivando en operaciones ofensivas.