El gobierno catalán aprueba el proyecto de ley del cine de Cataluña

El gobierno catalán ha aprobado hoy el proyecto de ley del cine de Cataluña, con lo que el texto iniciará ahora la tramitación parlamentaria, ha explicado el conseller de Cultura, Joan Manuel Tresserras.

Tras la reunión del Govern, Tresseras ha dicho que esta futura ley persigue tres objetivos: "fortalecer el sector cinematográfico, para superar la etapa del apoyo a la producción del cine, y que se extienda a todos los segmentos; garantizar la diversidad y mejorar la oferta de cine europeo; y que haya una oferta subtitulada o doblada equiparable en catalán y castellano".

El proyecto de ley establece el marco normativo por el que se regirán las industrias cinematográficas, la producción, la distribución, la comercialización y exhibición de obras cinematográficas y audiovisuales, así como aquellos aspectos relacionados con el fomento del cine y la preservación y difusión del patrimonio cinematográfico.

El conseller ha explicado que ha pedido que el proyecto se tramite por la vía de urgencia en el Parlament, lo que permitiría que la nueva normativa entrara en vigor el próximo mes de junio.

El Govern ha aprobado el proyecto de ley a pesar del fuerte rechazo de las grandes distribuidoras, las denominadas 'majors' norteamericanas.

La iniciativa del departamento de Cultura pretende "que el mercado garantice de manera efectiva el derecho de los ciudadanos de Cataluña a escoger ver cine en la lengua propia del país".

En 2009, el 97,1% de las películas que se exhibieron en Cataluña estaban dobladas o subtituladas en castellano, mientras que sólo el 2,9% fueron dobladas o subtituladas al catalán, ha dicho Tresserras.

Con el objetivo de garantizar la diversidad lingüística, el proyecto de ley prevé que cuando se estrene un largometraje cinematográfico en Cataluña, doblado o subtitulado, las empresas distribuidoras deberán distribuir el 50% de todas las copias en versión en catalán y deberán respetar este equilibrio lingüístico en la publicidad que se haga.

Esta obligación debe respetarse tanto en el cómputo de las copias distribuidas en versión doblada como en el número de copias distribuidas en versión subtitulada, y, según Tresserras, quedan exentas del cumplimiento de la obligación las películas en versión original castellana o catalana y las europeas de las que se distribuyan en Cataluña menos de 16 copias.

Esta obligación, según recoge el articulado, se podrá implantar de forma progresiva con un plazo máximo de cinco años, aunque las distribuidoras podrán aplicar plenamente la obligación en un período inferior si lo consideran conveniente.

En el caso de la distribución por canales diferentes a la proyección en salas, como es el DVD, el proyecto de ley prevé que se debe incluir la versión en lengua catalana en el menú de idiomas.

El conseller ha anunciado que el proyecto de ley prevé asimismo la creación de la Red Concertada de Pantallas Cinematográficas de Cataluña, que programarán preferentemente cine en versión original subtitulada y cine producido en Cataluña

Preguntado por el futuro de la ley en el Parlament, Tresserras ha comentado que no esperan grandes cambios, porque en el proceso previo ha habido un debate prolongado, aunque "como la voluntad es alcanzar el máximo consenso con todos los sectores, en la tramitación parlamentaria se podrán introducir las pequeñas modificaciones que lo faciliten".

La Ley expone que el Instituto Catalán de las Industrias Culturales debe velar para que la libre competencia en el mercado no se vea alterada y debe poner en conocimiento de la autoridad responsable los actos, los acuerdos o las prácticas de las empresas distribuidoras que presenten indicios de restringir la libre competencia.

Esta obligación también afecta a la práctica de las empresas distribuidoras de exigir la contratación de filmes por lotes, de manera que para lograr la exhibición de una debe aceptarse la contratación de otras películas.

Las infracciones de las obligaciones previstas en esta Ley se clasifican en muy graves, graves y leves y las sanciones oscilarán entre 75.000 y 4.000 euros.

En cuanto al incumplimiento de la obligación de distribución, la sanción puede oscilar entre 5.000 y 1.000 euros por copia que no cumpla con la obligación, en función de si representa una infracción muy grave o una leve.

A pesar de la crisis, Cataluña, ha asegurado el conseller, es uno de los lugares del mundo en el que hay más asistencia a las salas de cine, unos 24 millones de espectadores, por delante de países como Bélgica, República Checa, Dinamarca, Suiza, Suecia o Noruega, "donde se respetan las respectivas normativas lingüísticas".