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El Gobierno central irrumpe en el 'megapuerto' canario

Medio Ambiente gestionará las praderas submarinas de Tenerife, amenazadas por la construcción de un puerto industrial

MANUEL ANSEDE

El Ejecutivo canario no tomará más decisiones en solitario sobre las praderas submarinas del sur de Tenerife. El Gobierno central asumirá a partir de ahora la gestión del ecosistema marino de Granadilla, protegido por la UE pero descatalogado por el gabinete de Paulino Rivero, que promueve la construcción de un puerto industrial en la localidad tinerfeña. "La voluntad del Gobierno central es la de ejercer sus competencias", explican fuentes del Ministerio de Medio Ambiente a Público.

El Tribunal Superior de Justicia de Canarias paralizó el pasado 4 de marzo las obras del puerto de Granadilla porque su construcción supondría "un daño irreversible al ecosistema marino". Las praderas submarinas del sur de Tenerife, conocidas localmente como sebadales, son el hábitat de decenas de especies protegidas, como la tortuga boba y el caballito de mar canario.

Detrás del desprecio del Gobierno autonómico -formado por Coalición Canaria y PP- a sus sebadales se encuentra un entramado de intereses empresariales. El puerto de Granadilla es la viga maestra del nuevo Plan Energético de Canarias, que pretende llevar gas natural a las islas a través de esta infraestructura. El destino final del combustible es una planta regasificadora perteneciente a Endesa y varios empresarios locales, cuyas obras ya están adjudicadas por 490 millones de euros. Sin un puerto en el que atraquen los barcos que transportan el gas líquido, el multimillonario proyecto de regasificadora es absolutamente inútil.

El Ministerio de Medio Ambiente insiste en que ejercerá sus competencias "en una perfecta sintonía y colaboración" con el Gobierno canario, aunque el coordinador del área marina de Ecologistas en Acción, Jorge Sáez, ve en este cambio de rumbo "una muestra más de la inoperancia" del Ejecutivo autonómico para gestionar sus ecosistemas protegidos por la UE.

El Ministerio, expedientado por la Comisión Europea por gestionar de manera deficiente estos hábitats, comunicará su decisión a Rivero el próximo lunes.

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