El Gobierno colombiano y las FARC posponen las negociaciones de paz al lunes

El Gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC anunciaron hoy el retraso del inicio de las negociaciones de paz en La Habana al próximo lunes para terminar de aclarar en una reunión técnica la participación de la sociedad en el proceso.

Las partes informaron en un breve comunicado conjunto de que ese retraso de cinco días se debe al acuerdo de "continuar la reunión técnica para ultimar detalles de los mecanismos para la participación ciudadana entre el 15 de noviembre y hasta el 18 del mismo mes".

Por eso, según la nota divulgada por el sistema informativo de la Presidencia colombiana, el 19 de noviembre en La Habana los negociadores "empezarán la discusión sobre la agenda acordada", que estaba prevista para este jueves con el problema del reparto de la tierra como punto de partida.

Delegados del Gobierno y de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) comenzaron a preparar los detalles logísticos de las negociaciones en una "reunión técnica" que comenzó el 6 de noviembre en la capital cubana, sede permanente del proceso de paz.

Pero el punto previo sobre la demandada participación de la sociedad civil parece precisar de más tiempo, una discusión sobre lo que ninguna de las partes se ha pronunciado oficialmente.

Algunas versiones de medios locales han mencionado la posibilidad de que la ciudadanía tenga un espacio para hacer oír su voz a través de la página de internet de la mesa de diálogo, un mecanismo sobre el que, sostienen, los negociadores deben hacer todavía varias precisiones.

El Congreso colombiano, mientras tanto, sigue celebrando las Mesas Regionales de Paz para recoger las propuestas de unas 400 organizaciones civiles de nueve zonas del país para entregarlas al alto comisionado para la Paz, Sergio Jaramillo, y que éste las haga llegar a los negociadores.

Según las cifras de la Comisión de Paz del Congreso conocidas por Efe, en las seis primeras mesas convocadas participaron más de 2.300 personas y se presentaron unas 800 propuestas, que aumentarán con los encuentros previstos el próximo fin de semana en las ciudades de Florencia (sur), Popayán (suroeste) y Bogotá (centro).

Desde que el presidente colombiano, Juan Manuel Santos, y las FARC anunciaron a finales de agosto un acuerdo para negociar la paz, asociaciones de víctimas, defensores de derechos humanos, indígenas y partidos políticos han solicitado participar en la negociación.

Al respecto, el presidente Santos ha sido enfático al restringir la discusión a las dos partes, Gobierno y guerrilla, y abrió la participación social a la tercera fase del proceso de paz, cuando está previsto que se implementen los acuerdos.

Las partes se sentarán el lunes a discutir bajo la premisa de que no habrá acuerdo hasta que haya conciliación en todos los puntos de la agenda acordada, lo que Santos supeditó hoy a la "buena voluntad".

"Si hay buena voluntad, hay acuerdos; si no hay buena voluntad, pues no hay acuerdos", dijo el presidente al llegar al aeropuerto militar de las afueras de Lisboa para realizar, el miércoles y jueves, una visita de Estado.

En los días previos al inicio de las negociaciones de paz, las FARC intensificaron sus acciones en el oeste del país, con la quema de un autobús el pasado domingo en el Chocó y un ataque con explosivos que ese mismo día hirió a 26 personas, entre ellas un policía, en el departamento del Cauca.

El gobernador del Cauca, Temístocles Ortega, denunció hoy que los últimos meses se ha multiplicado la presencia de guerrilleros de las FARC, en concreto en la zona de la cordillera occidental donde se lanzó ese ataque y donde hace un año murió en un operativo del Ejército el ex líder guerrillero "Alfonso Cano".

El Ejército colombiano cifra en 8.147 el número de guerrilleros de las FARC y en 10.261 el grupo de "milicianos" que forman parte de sus redes de apoyo que les alertan de los movimientos de las fuerzas de seguridad del Estado y les dan refugio y alimento.

El próximo lunes, los delegados tratarán sobre la distribución de la tierra en Colombia, donde el 1,15 por ciento de la población posee el 52 por ciento de la gran propiedad rural, tema que supone un desafío por ser uno de los orígenes del conflicto armado colombiano iniciado hace casi medio siglo.